Comisión del Consejo Regional Arequipa advierte falta de presupuesto, logística y personal
La Comisión de Energía y Minas del Consejo Regional de Arequipa, presidida por James Posso, advirtió preocupantes limitaciones operativas y presupuestales en la Gerencia Regional de Energía y Minas (GREM), situación que podría afectar la fiscalización del sector extractivo y la atención a los pequeños productores y mineros artesanales en la región.
Durante una sesión presencial de trabajo, los consejeros evaluaron el Plan Operativo Institucional 2026 y la situación financiera de la gerencia, donde se evidenciaron problemas estructurales que restringen su capacidad de gestión en un contexto regional marcado por la creciente actividad minera.
En la exposición técnica se informó que las Subgerencias de Minería y Energía no cuentan con presupuesto asignado ni con registro en el Aplicativo Informático de Recursos Humanos del Sector Público (AIRSHP). Esta situación obliga a que gran parte de las funciones administrativas y operativas recaigan directamente en el gerente regional, reduciendo la capacidad de respuesta frente a las demandas del sector.
Asimismo, se planteó la necesidad urgente de fortalecer las condiciones logísticas para el funcionamiento de la entidad. Entre los requerimientos figuran la gestión de un nuevo local institucional, la adquisición de equipos de cómputo, mobiliario y una camioneta que permita ejecutar el Plan Anual de Fiscalizaciones y realizar visitas técnicas en zonas mineras de la región.
En el ámbito financiero, la GREM solicitó que los Recursos Directamente Recaudados (RDR) provenientes de entidades como OSINERGMIN e INGEMMET, así como los ingresos generados por trámites del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), sean asignados directamente a su unidad ejecutora para mejorar la eficiencia en la ejecución de sus actividades.
Según el informe presentado, para el ejercicio fiscal 2026 se requiere un presupuesto de S/ 1 millón 11 mil 900 con el objetivo de garantizar el cumplimiento de metas institucionales, fortalecer los procesos de formalización minera y prevenir posibles conflictos sociales.
La comisión advirtió que la limitada capacidad operativa podría abrir espacios para la expansión de la minería ilegal, debilitando el control estatal en el sector.