Manuel Gago
En su reciente viaje proselitista a Cajamarca Rafael López Aliaga pechó a los antimineros. Los otrora opositores del proyecto Conga hoy invaden la concesión y realizan actividades mineras de manera ilegal. El candidato dijo claramente “Conga sí va”. A ver si otro candidato del montón se atreve a decir lo mismo en la misma cancha.
A pocas semanas de las elecciones generales los planes de gobierno de los candidatos son poco conocidos, excepto el de López Aliaga por expresar todo lo que tiene en la cabeza. Por sus conocimientos se distancia de ese montón de candidatos. En la CADE 2025 hizo declaraciones incómodas para unos: revocar las “concesiones ociosas”. Sobre esto se ha dicho que por la irresponsable tesis existe un mundo de concesiones destinadas a la especulación y acaparamiento sin ser explotadas.
Quienes saben más aseguran que, en efecto, lo dicho por el candidato de Renovación Popular es cierto. Los dueños de ciertas concesiones adquiridas o exploradas por ellos mismos esperan un “más adelante” para desarrollar o transferir oportunamente las concesiones al mejor postor. Mientras tanto, ociosas sin ofrecer nada de sí aun cuando se argumenta que permanecen ociosas por los permisos pendientes, invasiones y conflictos sociales no resueltos por el Estado.
A estas alturas es imposible ignorar que la minería es una de las principales fuentes de riqueza nacional y, por tanto, merece atención. La experiencia extractiva de recursos minerales en la zona andina ha dejado huella. La minería artesanal es una realidad. En el siglo pasado, ciertos relaves de la gran minería estatal eran aprovechados, exprimidos hasta el último gramo de mineral. Según el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), en 2022, “la minería de pequeña escala comprende a más de 300 mil operadores mineros los que a su vez producen más de 15 toneladas de oro por año por un valor anual de US$500.00 millones”. Por su dimensión, esta minería ha hallado su veta de supervivencia sin mayor conocimiento, sin herramientas adecuadas y sin consideraciones de orden geológico. Súmele al mapa de la minería formal –la que paga impuestos, ofrece renta, divisas y canon y se hace responsable de la conservación del medio ambiente– las operaciones informales e ilegales. El asunto, entonces, debe ser sí o sí resuelto por el siguiente gobierno.
En 2011, el “agua sí, oro no” y el “gas barato” llevó a Ollanta Humala a la presidencia. Populismo duro y crudo que engañó a una mayoría de electores. Proyectos emblemáticos como Conga y Tía María, en Arequipa, fueron detenidos. Daniel Urresti, acusado por el homicidio de un periodista, fue zar contra la minería ilegal y solo atinó a bombardear las máquinas de los mineros artesanales que comenzaban a reproducirse con velocidad. El resultado de su gestión es evidente: cero, nada. El gobierno de Humala fracasó contra los depredadores de la naturaleza. La improvisada “hoja de ruta” -en lugar de “la gran transformación”- sirvió para aparentar desvinculado del chavismo venezolano. No fueron sentadas las bases de la formalización de los pequeños mineros que, además, venían con agenda política bajo el brazo. Esa agenda política se ha infiltrado en los partidos. Exige derechos –según ella– ancestrales y, por tanto, invade propiedad privada. El escenario se agudiza con una criminalidad armada que avanza imponiendo, como el senderismo, zonas liberadas de la ley.
Equilibrar tantos intereses en disputa no es tarea fácil. No obstante, la ley debe imponerse y las oportunidades deben ser iguales para todos.