La sorpresa ha dejado de ser una reacción genuina para convertirse en un amargo hábito en la política peruana. Sin embargo, lo ocurrido esta semana en Palacio de Gobierno trasciende la anécdota para entrar en el terreno de la claudicación estatal. La reunión de casi tres horas entre el presidente José Balcázar y los dirigentes de la minería informal (Confemin) no es solo un error protocolar; es un mensaje de capitulación ante un sector que, según cifras del exministro Miguel Castilla, ha multiplicado su peso económico por seis en apenas un lustro, alcanzando los US$ 4,000 millones.
Resulta alarmante y profundamente preocupante que, a solo dos semanas de haber asumido el mando, la prioridad del Ejecutivo sea abrirle las puertas del salón principal a quienes exigen la derogatoria de normas que criminalizan la ilegalidad. El mandatario, al recibirlos escoltado por congresistas como Guido Bellido y Víctor Cutipa —conocidos aliados de esta agenda en el Parlamento—, no está «escuchando de primera mano»; está legitimando políticamente una actividad que es el motor de la destrucción ambiental en Madre de Dios, Puno y Arequipa.
La hipocresía del discurso oficial es pasmosa. Mientras la PCM habla de «estabilidad jurídica», en la práctica se está discutiendo cómo extender una vez más el Reinfo, ese cadáver exquisito de la formalización que, tras dos décadas, solo ha servido como un escudo legal para que la minería ilegal opere con impunidad. Como bien señalan especialistas como Iván Arenas y César Ipenza, esta reunión «empodera» al sector ilícito. La fotografía del encuentro no es un gesto de diálogo, es un trofeo de guerra para quienes buscan capturar las instituciones desde dentro.
Lo más grave es la confirmación de una sospecha que expertos del IPE y Videnza vienen advirtiendo: la minería ilegal ya no solo financia campañas, sino que dicta la agenda desde el despacho presidencial. Con las elecciones del 12 de abril a la vuelta de la esquina, el panorama es desolador. Diversas agrupaciones políticas parecen estar ya comprometidas con el oro de sangre, y Balcázar, lejos de marcar una distancia técnica y ética, ha decidido contaminar políticamente el sector.
Si el Gobierno pretende combatir la criminalidad mientras toma café con quienes dinamitan el estado de derecho, estamos ante una farsa peligrosa. El país no necesita «mesas de diálogo» para perpetuar el desorden; necesita autoridad para frenar un cáncer que nos está costando el futuro. Así, definitivamente, vamos mal.