Las mentiras de los comunistas tienen patas cortas. Muy sueltos de huesos aseguran que la minería formal no paga impuestos y se lleva las riquezas minerales sin aportar nada al país. No leen cifras económicas, solo discursean.
La producción de cobre, el principal mineral de exportación, alcanzó las 688,214 toneladas en el primer trimestre del 2026, un crecimiento de 3.3% respecto al 2025. La producción de oro formalmente establecida llegó a las 24.8 toneladas finas, una caída de 3.4% respecto al 2025. Según la Sunat, de enero a abril del 2026, el aporte de la minería al erario nacional es de S/14,612 millones, un 10.6% mayor en los últimos cinco años. Si agregamos el oro extraído de manera ilegal saliendo del país de contrabando, el aporte sería mayor.
Las regiones con mayor actividad minera son las más beneficiadas, siendo éstas Áncash, Tacna, Arequipa, Moquegua, La Libertad, Cajamarca, Ica, Cusco, Apurímac y Cusco. Hasta abril del presente año recibieron S/920 millones por canon y regalía. La pregunta, entonces, siempre es la misma: ¿Por qué la pobreza y el abandono persiste en gran parte de esas regiones? La respuesta es simple: la ausencia de capacidad técnica y de gestión de las autoridades elegidas por la población.
Canon y regalías son ingresos excepcionales y por lo tanto su gasto debería ser también excepcional; es decir, utilizar esos ingresos en infraestructura productiva que permita a los pobladores mejorar sus actividades personales y económicas. Pero, en lugar de mejorar la conectividad vial y de comunicaciones e instalar plantas de agua y saneamiento, electrificación, colegios, centros médicos y otros, los ingresos provenientes de la minería son usados en gasto corriente, ornamentos, asesorías, consultorías y huachaferías que no benefician a la gente. Y por esto surgen los reclamos y las iras populares, pero equivocados en señalar a los culpables de sus desgracias.
Cuando esta columna sea publicada el proceso electoral 2026 estará en la recta final después de un fraude descarado que ninguna autoridad tuvo la valentía de encarar. Se dejó avanzar una primera vuelta electoral a todas luces viciada. La costumbre peruana es dejar que los hechos consumados sean olvidados.
En estas elecciones claramente está en juego el destino de la minería. Alrededor de Juntos por el Perú se han sitiado mineros ilegales y gente vinculada a la llamada minería artesanal cuyo propósito es apropiarse, con el auspicio del gobierno, de propiedades, yacimientos y denuncios que a otros les costó desarrollar. El plan es estatizar las actividades económicas tal como se hizo durante la dictadura socialista de Juan Velasco Alvarado. Las imágenes del general golpista estuvieron presentes durante la campaña electoral, exhibidas por los comunistas que añoran la reforma agraria que destruyó el agro y detuvo la prosperidad de los campesinos. Por la Ley de Promoción Agraria –anulada en el Congreso de la República– y el establecimiento de una minería moderna y responsable surgió en la zona andina una nueva clase media y la pobreza cayó de 60% a 20%. Desde la elección de Ollanta Humala esa caída de la pobreza volvió a surgir.
Bueno pues, las cosas están dadas: la incertidumbre peruana es una constante tan dañina y así no hay proyecto ni social, ni económico que pueda asentarse con firmeza.