La designación de Yenifer Paredes de JP abre interrogantes sobre la Ley MAPE, el REINFO, la inversión y la lucha contra la minería ilegal
La elección por unanimidad de la diputada Yenifer Paredes Navarro, de Juntos por el Perú, como presidenta de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados para el periodo 2026-2027 coloca al Congreso frente a una responsabilidad de alto impacto económico.
La comisión deberá abordar el futuro del REINFO, la nueva regulación de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), las concesiones y las condiciones para atraer inversiones, en un momento en que el país necesita acelerar proyectos y, simultáneamente, contener la expansión de la minería ilegal.
UNA CONDUCCIÓN BAJO ESCRUTINIO
Paredes llega a una comisión estratégica para el crecimiento peruano y asegura que buscará escuchar a la gran, mediana y pequeña minería, además de recoger la voz de las regiones. Desde su perspectiva, la riqueza minera debe traducirse en servicios y oportunidades para las poblaciones que conviven con los proyectos extractivos.
La legisladora, representante de Cajamarca, ha planteado una visión de convivencia entre minería, ambiente y comunidades. También anunció que la comisión revisará la ley MAPE y realizará visitas a distintas regiones para conocer directamente las posiciones de los sectores involucrados.
El planteamiento apunta a un diálogo amplio. Sin embargo, el desafío no será solamente político: exigirá conocimiento técnico, capacidad legislativa y una lectura rigurosa de los impactos que cada modificación normativa puede generar sobre la inversión y la formalización.
REINFO: EL DEBATE QUE MARCARÁ EL PERIODO
El futuro del REINFO será probablemente una de las primeras pruebas de la comisión. El registro permanece en el centro de una discusión que durante años no ha logrado resolver la frontera entre quienes buscan incorporarse a la legalidad y quienes utilizan mecanismos de formalización como cobertura para actividades ilícitas.
La discusión de la Ley MAPE adquiere por ello una dimensión mayor. Paredes sostuvo que la pequeña minería y la minería artesanal involucran a más de 300.000 familias, lo que convierte la formalización en un problema económico y social de enorme escala.
Pero cualquier flexibilización deberá acompañarse de controles eficaces. De lo contrario, el Congreso corre el riesgo de prolongar un sistema que no termina de formalizar a los productores ni consigue cerrar el espacio operativo de la minería ilegal.
LA INVERSIÓN OBSERVA LAS SEÑALES
La preocupación expresada por Carlos Gálvez, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía en declaraciones con Rumbo Minero, introduce otro elemento en el debate. El exdirigente cuestionó la falta de experiencia de Paredes en asuntos minero-energéticos y advirtió que una conducción sin suficiente conocimiento especializado podría retrasar decisiones necesarias para reactivar proyectos y combatir la ilegalidad.
Su advertencia alcanza también a eventuales propuestas para reducir los plazos de las concesiones mineras. En una industria donde los proyectos requieren años de exploración, permisos, estudios, construcción y grandes desembolsos de capital, la estabilidad regulatoria constituye una variable crítica.
Por eso, cada señal del Congreso será observada por inversionistas nacionales e internacionales. Perú necesita nuevas operaciones, pero también reglas previsibles, especialmente cuando compite por capital con otros países mineros.
EL VERDADERO DESAFÍO SERÁ LEGISLAR CON EVIDENCIA
La nueva comisión tendrá una agenda que trasciende la confrontación política. El reto consiste en construir un marco que permita formalizar actividades viables, perseguir sin ambigüedades la minería ilegal y preservar condiciones capaces de sostener inversiones de largo plazo.
La composición de Diputados y la posterior negociación con el Senado serán determinantes. Como advierte Gálvez, cada iniciativa tendrá que atravesar una segunda etapa de acuerdos específicos.
La minería peruana no puede quedar atrapada entre una formalización eternamente prorrogada y regulaciones que desalienten la inversión. Tampoco puede ignorar los reclamos territoriales ni los impactos ambientales. La conducción de Paredes será, en ese sentido, una prueba para comprobar si el nuevo Congreso puede convertir un conflicto acumulado durante años en una política minera coherente.
El país necesita menos improvisación y más capacidad técnica. Y esa será, finalmente, la verdadera medida de esta comisión.
