El Gobierno Regional de Puno evalúa solicitar al Ejecutivo la Declaratoria de Estado de Emergencia en zonas golpeadas por la minería ilegal y el avance de organizaciones criminales. La propuesta surgió durante la cuarta sesión ordinaria del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC), donde autoridades identificaron como puntos críticos a Coasa, en Carabaya; Limbani, en Sandia; y La Rinconada, en Putina. El gobernador regional advirtió que se requiere fortalecer la inteligencia y la capacidad operativa para recuperar el control territorial.
“Apoyaremos con movilidad y otros aspectos para intervenir”, afirmó el gobernador Richard Hancco Soncco, quien anunció que gestionará ante el Ejecutivo medidas excepcionales para intensificar los operativos. La estrategia apunta a atacar no solo la actividad minera ilegal, sino también las estructuras delictivas asociadas a estos territorios.
Durante la reunión, la Policía Nacional y el Ministerio Público reportaron un incremento de hechos violentos, homicidios y desapariciones presuntamente relacionados con organizaciones criminales. La Defensoría del Pueblo pidió medidas inmediatas de protección y alertó sobre las dificultades de acceso a sectores agrestes.
El Poder Judicial planteó acelerar la implementación de la Unidad de Flagrancia en Juliaca, mientras las instituciones coincidieron en reforzar el control de combustibles e insumos químicos utilizados en actividades ilegales.
La propuesta incluye un padrón interinstitucional para identificar a operadores al margen de la ley, cerrando espacios de abastecimiento que permiten sostener actividades extractivas clandestinas y redes criminales en el sur de Puno.