Madre de Dios concentra 546 operativos y más de S/1,752 millones afectados durante la ofensiva estatal
La ofensiva contra la minería ilegal alcanzó una escala nacional durante 2026: entre el 1 de enero y el 15 de agosto, las fuerzas del orden ejecutaron 1,120 operativos en las 25 regiones del Perú, con bienes destruidos o incautados valorizados en más de S/2,529 millones. La intervención busca debilitar la capacidad logística y económica de las organizaciones dedicadas principalmente a la extracción ilícita de oro.
El balance de la Oficina del Alto Comisionado para el Combate de la Minería Ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) evidencia que la estrategia concentra sus mayores resultados económicos en zonas donde esta actividad mantiene una fuerte presencia.
Madre de Dios encabeza ampliamente las acciones de interdicción, con 546 operativos y más de S/1,752 millones en maquinaria, insumos, dragas y otros bienes destruidos o incautados. El monto representa cerca de 70% del valor total afectado durante el periodo analizado, reflejando la dimensión de la infraestructura empleada por la minería ilegal en esta región amazónica.
El despliegue también alcanzó a otras regiones. Loreto registró 77 intervenciones por más de S/30 millones; La Libertad, 63 por encima de S/130 millones; Huánuco, 60 por más de S/49 millones, y Arequipa, 55 operativos que afectaron bienes valorizados en más de S/74 millones.
La cobertura territorial confirma que el problema dejó de concentrarse en determinados corredores extractivos y mantiene presencia en distintas zonas del país.
PRESIÓN SOBRE LAS ECONOMÍAS ILEGALES
La ofensiva no perdió intensidad durante agosto. En apenas los primeros 15 días se realizaron 90 operativos, con más de S/326 millones en bienes e insumos destruidos. Madre de Dios volvió a concentrar el impacto, con 48 intervenciones y más de S/299 millones afectados.
Arequipa y Cajamarca registraron cinco operativos cada una, con bienes valorizados en más de S/4 millones y S/1.4 millones, respectivamente. Loreto y Apurímac sumaron cuatro acciones cada región.
Las operaciones son ejecutadas por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, con apoyo de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA). Más que contabilizar intervenciones, la estrategia apunta a golpear el soporte económico de estas organizaciones mediante la pérdida de equipos y suministros esenciales para mantener sus operaciones.