La ofensiva contra la minería ilegal en Madre de Dios dejó cuatro muertos —entre ellos un policía—, un agente herido y 15 fusiles incautados durante un enfrentamiento en Inambari, provincia de Tambopata. La operación contra “Los Guardianes de la Pampa” expone la creciente convergencia entre extracción ilícita de minerales y delitos como sicariato, secuestro y extorsión.
Agentes de la Dirección de Medio Ambiente (Dirmeamb) y de la Dirección de Operaciones Especiales (Diropesp) de la Policía Nacional intervinieron a integrantes de esta organización criminal, señalada por operar alrededor de actividades mineras ilegales. El enfrentamiento terminó con la muerte de tres presuntos miembros del grupo.
La operación también tuvo un alto costo para las fuerzas del orden. El suboficial técnico de tercera PNP Joel Ríos Coquinche falleció durante la intervención, mientras el suboficial de tercera Jack Nima Zota resultó herido.
La incautación de 15 fusiles constituye uno de los datos más relevantes del operativo. El arsenal revela la capacidad de fuego que pueden alcanzar organizaciones instaladas alrededor de economías ilegales y dimensiona el desafío que enfrenta el Estado para recuperar el control territorial en zonas donde convergen minería clandestina y criminalidad organizada.
El despliegue policial se extendió, además, hacia otra estructura delictiva. En una operación simultánea se ejecutaron 13 allanamientos contra “Los Lobos II”, organización transnacional procedente de Ecuador. Cinco de sus integrantes fueron detenidos.
El episodio vuelve a colocar a Madre de Dios en el centro del problema de la minería ilegal. La intervención muestra que combatir esta actividad ya no supone únicamente destruir maquinaria o cerrar operaciones clandestinas: exige enfrentar organizaciones armadas capaces de proteger territorios, recursos y cadenas económicas ilícitas.
Para una región vinculada históricamente a la producción aurífera, el avance de estas estructuras incrementa los riesgos ambientales, sociales y de seguridad, además de profundizar la competencia ilegal frente a operadores que desarrollan actividades dentro del marco regulatorio.