Víctor Fuentes, del IPE, advierte en Arequipa que la exploración cayó a mínimos históricos y que el país necesita nuevos proyectos en caso Camisea ya no produzca.
La falta de nuevas inversiones en exploración de hidrocarburos amenaza la seguridad energética del Perú. Víctor Fuentes Campos, gerente central de Economía del Instituto Peruano de Economía (IPE), expuso en Arequipa que la actividad exploratoria atraviesa mínimos históricos, mientras el país necesita identificar nuevas reservas para sostener su abastecimiento cuando Camisea complete su ciclo productivo.
El diagnóstico fue presentado durante el taller “Retos de la comunicación regional 2026”, organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), ICEV y el IPE para periodistas arequipeños.
EXPLORACIÓN EN MÍNIMOS HISTÓRICOS
Las cifras revelan el deterioro del sector. La inversión exploratoria cayó 94% durante la última década respecto de la anterior. En diez años apenas se firmó un contrato de exploración y, desde 2021, solamente se perforaron tres pozos exploratorios.
Fuentes advirtió que desde el desarrollo de Camisea no se concretan grandes proyectos hidrocarburíferos. Esta situación plantea interrogantes sobre el abastecimiento futuro, considerando que los yacimientos tienen una vida productiva limitada.
En ese escenario, proyectos potenciales como Candamo podrían formar parte del debate sobre nuevas fuentes energéticas. Sin embargo, su eventual aprovechamiento requiere evaluar restricciones ambientales, viabilidad técnica y condiciones legales.
El problema trasciende la exploración. Durante los últimos veinte años, la producción petrolera peruana cayó casi a la mitad, mientras el Lote 192, que concentra importantes reservas probadas de petróleo, permanece paralizado desde 2020.
INESTABILIDAD POLÍTICA FRENA LAS INVERSIONES
A la caída de las inversiones exploratorias se suma otro problema estructural: la alta rotación de funcionarios, la inestabilidad política y la falta de gobernanza en las instituciones responsables del sector hidrocarburos. Esta situación dificulta la continuidad de las políticas energéticas, retrasa decisiones estratégicas y debilita la confianza de los inversionistas.
Según el diagnóstico presentado por Fuentes, entre 2021 y 2026 los presidentes de Perupetro permanecieron, en promedio, apenas seis meses en sus cargos, mientras que los ministros de Energía y Minas registraron una permanencia promedio de cinco meses.
Estos cambios constantes afectan la capacidad institucional para impulsar proyectos cuya maduración requiere varios años. Además, dificultan la coordinación entre entidades públicas, la gestión territorial y el cumplimiento de los procedimientos administrativos.
El IPE plantea fortalecer las capacidades técnicas, garantizar estabilidad institucional y establecer una política energética de largo plazo, capaz de trascender los cambios de gobierno y recuperar la inversión privada.
AREQUIPA NECESITA ENERGÍA COMPETITIVA
El IPE identificó otro obstáculo: desarrollar un proyecto exploratorio demanda entre 10 y 20 años en Perú, frente a cuatro o cinco en Colombia y tres o cuatro en Ecuador.
Esta demora compromete inversiones estratégicas. Arequipa concentra una cartera minera de US$8.614 millones, cuyo desarrollo demandará infraestructura energética competitiva.
Además, el gas natural representó el 35% de la generación eléctrica nacional en 2025 y los hidrocarburos cubrieron el 67% del consumo final de energía en 2024.
La brecha también alcanza a los hogares. En 49 distritos arequipeños, más de la mitad de las familias utiliza leña para cocinar.
Frente a este panorama, el IPE propone simplificar permisos, modernizar contratos, fortalecer las instituciones y acelerar infraestructura gasífera. También considera prioritario generar las condiciones para que el Nodo Energético del Sur opere con gas natural, conforme a lo previsto contractualmente, y sustituya el diésel en sus centrales.
El desafío consiste en transformar el potencial geológico en reservas comercialmente aprovechables, sin desconocer las exigencias ambientales y sociales, para reducir riesgos de abastecimiento y sostener el crecimiento económico nacional.
