La minería ilegal movilizaría hasta US$ 12.000 millones anuales y Observatorio denuncia devastación amazónica, trata de personas y amenazas contra comunidades indígenas durante la visita del pontífice.

La expansión de la minería ilegal de oro en la Amazonía peruana llegó hasta el papa León XIV mediante una carta del Observatorio de Minería Ilegal del Perú (OMI), que solicitó su intervención pública frente a la destrucción ambiental, la contaminación de los ríos y la violencia contra comunidades indígenas. La organización buscó aprovechar la visita del pontífice al Perú para exigir respuestas concretas del Estado ante una actividad ilícita que, según las estimaciones recogidas en el informe, movilizaría miles de millones de dólares anuales.

El pronunciamiento denunció que la extracción ilegal dejó de representar únicamente un problema ambiental para convertirse en una amenaza contra la seguridad, los derechos humanos y la institucionalidad del país.

Según el documento, las operaciones ilegales destruyen bosques primarios, contaminan fuentes de agua con mercurio y favorecen la presencia de organizaciones criminales vinculadas con trata de personas, explotación laboral y violencia contra las mujeres.

La organización también advirtió sobre amenazas y ataques contra líderes indígenas y defensores ambientales que protegen territorios ancestrales.

El pedido adquirió especial relevancia durante la visita de León XIV, cuya relación con el Perú y sus pronunciamientos en defensa de las poblaciones vulnerables generaron expectativas sobre una eventual intervención frente a esta problemática.

UNA VISITA MULTITUDINARIA

León XIV llegó al Perú el 11 de noviembre de 2026, después de recorrer Uruguay y Argentina, donde sus celebraciones religiosas convocaron multitudes. Durante su paso por Buenos Aires, una misa habría reunido a más de dos millones de fieles, según reportes periodísticos.

En Lima y Callao, aproximadamente tres millones de personas salieron a recibirlo durante su recorrido inicial, de acuerdo con cifras difundidas por autoridades locales. El 12 de noviembre participó en encuentros religiosos y una vigilia juvenil en el Estadio Nacional.

Su itinerario también incluyó actividades en Chiclayo y Cusco, además de una visita programada a Pucallpa para el domingo 15 de noviembre, donde tenía previsto reunirse con representantes de los pueblos amazónicos. Este último encuentro adquirió especial relevancia frente al pedido del OMI.

El pontífice tiene previsto regresar al Vaticano el lunes 16 de noviembre, después de culminar su recorrido por el Perú, última etapa de su gira sudamericana.

La carta planteó que el respaldo moral del papa podría contribuir a colocar la crisis amazónica en la agenda internacional, aunque las decisiones para combatirla corresponden a las autoridades peruanas.

El OMI cuestionó, además, la debilidad de los mecanismos de fiscalización y denunció la presunta penetración de intereses vinculados con la minería ilegal en distintas instancias gubernamentales.

MILLONES DE DÓLARES Y DESTRUCCIÓN AMBIENTAL

La dimensión económica del problema constituyó otro de los puntos críticos del pronunciamiento. La información proporcionada estimó que la minería ilegal movilizaría entre US$ 10.000 millones y US$ 12.000 millones anuales, cifras que requieren contrastarse con estadísticas oficiales debido a la dificultad de medir operaciones clandestinas.

Estas estimaciones reflejaron la magnitud financiera atribuida a una actividad que opera fuera de los controles tributarios, laborales y ambientales, y que puede utilizar circuitos comerciales para introducir oro de procedencia ilícita.

En regiones como Madre de Dios, la expansión de la extracción aurífera transformó extensas superficies forestales en áreas intervenidas por maquinaria, excavaciones y pozas de agua contaminada.

La contaminación por mercurio constituye una preocupación adicional debido a sus efectos sobre los ecosistemas acuáticos y las poblaciones que dependen de los ríos para alimentarse y desarrollar sus actividades.

La problemática también alcanzó otros territorios mineros, donde la presencia de organizaciones criminales incrementó los riesgos de extorsión, violencia y debilitamiento de las instituciones encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley.

En su comunicación, el Observatorio sostuvo que la falta de una respuesta estatal firme permitió que la minería ilegal continuara expandiéndose y afectando la supervivencia física y cultural de los pueblos originarios.

La carta llevó, entre otros, los nombres de César A. Ipenza Peralta, Manuel E. Bernales Alvarado y Mariano Castro Sánchez-Moreno, junto con organizaciones vinculadas a la conservación ambiental, los derechos humanos y la protección de los bosques tropicales.

El documento solicitó al pontífice que elevara su voz ante los gobernantes peruanos y la comunidad internacional para exigir justicia, protección de las poblaciones vulnerables y medidas efectivas contra la destrucción ecológica.

También expresó preocupación por la posibilidad de que la visita papal fuera utilizada políticamente sin compromisos verificables para enfrentar la crisis.

El desafío central permaneció en manos del Estado: desarticular las economías criminales, proteger a las comunidades amenazadas y detener la destrucción de la Amazonía, más allá de los pronunciamientos y compromisos públicos. (FOTOS: [Vatican Pool/Getty Images])

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