La licencia de agua otorgada a Southern Perú para la unidad minera Cuajone abrió una controversia en Moquegua. La consejera regional Gabriela Andrade Palomo presentó una apelación contra la Resolución Directoral N.° 1193-2026-ANA-AAA.CO, mientras el especialista hídrico Guido Herrera cuestionó el procedimiento. La empresa sostiene que la captación de filtraciones en Ichupampa responde a exigencias ambientales y no representa una nueva demanda hídrica.

La autorización contempla, según la consejera, hasta 826.243 metros cúbicos anuales. Sin embargo, Southern precisó que ese volumen corresponde a proyecciones preventivas para eventos extremos y que, durante la época seca, capta entre uno y dos litros por segundo.

El conflicto enfrenta dos interpretaciones sobre la disponibilidad del recurso: la empresa considera que controla aguas que deben manejarse ambientalmente, mientras los cuestionamientos regionales apuntan a posibles efectos sobre los usuarios agrícolas de Torata.

CUESTIONAN LEGALIDAD DE LA LICENCIA

Andrade informó que interpuso un recurso administrativo de apelación, identificado con el CUT N.° 73975-2025, solicitando revocar o anular la autorización y suspender sus efectos.

La consejera cuestionó la ausencia de mediciones permanentes, la situación de emergencia hídrica y la presunta falta de publicación del aviso oficial para permitir observaciones de terceros.

Por su parte, Guido Herrera señaló, durante una entrevista con Radio Primavera, posibles deficiencias en las notificaciones y en la acreditación de disponibilidad hídrica. También advirtió sobre la necesidad de diferenciar las filtraciones naturales de aquellas que estuvieron en contacto con materiales mineros.

Estos cuestionamientos requieren evaluación administrativa y no constituyen, por sí mismos, irregularidades acreditadas.

SOUTHERN DESCARTA AFECTACIÓN AGRÍCOLA

Southern Perú respondió mediante un comunicado fechado el 18 de noviembre. Afirmó que capta estas filtraciones desde hace casi una década, conforme al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Control de Avenidas del Río Torata.

La compañía explicó que la ANA formalizó el aprovechamiento después de inspecciones efectuadas entre 2024 y 2025. Asimismo, sostuvo que las aguas captadas no son adecuadas para consumo humano ni actividades productivas y que su manejo evita contactos con otras fuentes.

La empresa aseguró que la licencia no perjudica los derechos hídricos de los agricultores y ofreció proporcionar información a las autoridades y organizaciones sociales.

La controversia deberá resolverse mediante la revisión del expediente, las condiciones técnicas de captación y los derechos existentes sobre el recurso. El pronunciamiento del Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas será determinante para esclarecer la legalidad de la autorización.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *