La autorización de hasta 826.243 m³ anuales para Cuajone permanece suspendida tras los reclamos de agricultores y autoridades de Moquegua y empresa ratifica que no utilizará nuevos recursos hídricos
La Autoridad Nacional del Agua (ANA) suspendió temporalmente la licencia otorgada a Southern Perú Copper Corporation para aprovechar hasta 826.243 metros cúbicos anuales de agua provenientes de filtraciones del sector Ichupampa, en Torata, Moquegua. La decisión, adoptada el 17 de noviembre de 2026, abrió una controversia sobre la disponibilidad hídrica para la operación minera Cuajone, la agricultura y el abastecimiento poblacional.
La medida fue formalizada mediante la Resolución Directoral N.° 1306-2026-ANA-AAA.CO, que también admitió a trámite los recursos de reconsideración presentados por Delia Yolanda Gómez Cruz y la Municipalidad Distrital de Torata.
La suspensión no constituye una anulación definitiva. La ANA deberá determinar si el aprovechamiento autorizado resulta compatible con la reserva hídrica del Proyecto Especial Regional Pasto Grande y los derechos de los usuarios agrícolas de Ilubaya, Torata y Yacango.
LICENCIA BAJO CUESTIONAMIENTO
La controversia comenzó tras la Resolución Directoral N.° 1193-2026-ANA-AAA.CO, del 26 de octubre, que autorizó a Southern Perú el uso de filtraciones naturales originadas por precipitaciones y escorrentías infiltradas en el subsuelo de Ichupampa.
El volumen máximo autorizado equivale a aproximadamente 2.264 metros cúbicos diarios como promedio anual. Sin embargo, la distribución mensual varía considerablemente: febrero concentra el mayor volumen, con 139.588 metros cúbicos, mientras mayo registra 44.461.
La autorización establecía obligaciones de medición, control y reporte mensual, además del mantenimiento de la infraestructura hidráulica y la instalación de instrumentos de monitoreo dentro de los plazos correspondientes.
El Gobierno Regional de Moquegua cuestionó la decisión por considerar que podría comprometer recursos destinados a la agricultura y a las poblaciones de la cuenca. También expresó preocupación por las condiciones de medición y la necesidad de evaluar los efectos sobre los usuarios aguas abajo.
Valois Vera, presidente de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Torata, solicitó la anulación de la licencia, argumentando que la región enfrenta restricciones hídricas.
En una reunión celebrada el 19 de noviembre, representantes regionales, municipales, organizaciones de usuarios y funcionarios de la ANA abordaron la controversia. Según La Prensa Regional, se anunció un pronunciamiento para el 25 de noviembre y una posterior inspección de campo en Ichupampa.
SOUTHERN DEFIENDE CAPTACIÓN Y NIEGA MAYOR CONSUMO
Southern Perú rechazó que la licencia represente una nueva demanda de agua para Cuajone. La compañía explicó que las filtraciones son captadas desde hace casi una década como parte de un sistema preventivo contemplado en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Control de Avenidas del Río Torata.
Según la minera, estas aguas presentan condiciones que impiden destinarlas al consumo humano o a determinadas actividades productivas. Su captación, sostuvo, busca evitar el contacto con otras fuentes hídricas y prevenir posibles afectaciones ambientales.
La empresa precisó que durante el periodo seco recoge entre uno y dos litros por segundo, mientras que los caudales aumentan durante las lluvias. Por ello, argumentó que el volumen máximo consignado en la resolución responde a proyecciones para condiciones hidrológicas extremas y no necesariamente al consumo efectivo.
Esta explicación coincide con la interpretación del analista Nicolás Valdez Caso, quien sostuvo en un comentario publicado en La Prensa Regional que la autorización formaliza un mecanismo de contención de filtraciones, sin incorporar nuevas extracciones de agua limpia de los ríos. Se trata, sin embargo, de una posición técnica que deberá contrastarse con las evaluaciones de la autoridad competente.
Southern también manifestó su disposición a entregar información a las instituciones y organizaciones sociales que intervienen en el procedimiento.
El desafío para la ANA será esclarecer tres aspectos determinantes: el origen y la calidad del agua captada, su relación con la disponibilidad hídrica de la cuenca y la compatibilidad del aprovechamiento con los derechos existentes.
La controversia adquiere especial relevancia para Moquegua, donde conviven importantes operaciones mineras y actividades agrícolas dependientes de recursos hídricos limitados.
Por ahora, la licencia permanece suspendida mientras continúa el procedimiento administrativo. La resolución definitiva deberá sustentarse en información técnica verificable, garantizar los derechos de los usuarios y ofrecer certidumbre jurídica tanto a la actividad minera como a las comunidades de Torata.
El caso pone nuevamente en discusión la necesidad de fortalecer la transparencia, la fiscalización y la gestión integrada del agua en las regiones mineras del sur peruano.

