Inversionista Signus reclama a juez cumplir con sentencia de Tribunal Constitucional
Un ambicioso proyecto de hidrógeno verde en Arequipa, que considera una inversión extranjera superior a los 10 mil millones de dólares, enfrenta una grave amenaza debido al incumplimiento de una sentencia clave del Tribunal Constitucional emitida en 2012. La empresa Inversiones SIGNUS reclama la propiedad exclusiva de 49,735 hectáreas conocidas como Pájaro Bobo, terrenos fundamentales para la ejecución del megaproyecto.
Sin embargo, el Segundo Juzgado Constitucional de Arequipa, a cargo del juez Jorge Luis Linares Cuadros, no ha ejecutado la sentencia y permite que AUTODEMA figure en el registro público sobre el mencionado predio.
Esta situación ha generado un escenario de larga disputa legal que afecta no solo la seguridad jurídica de la empresa SIGNUS, sino que también pone en riesgo la llegada de importantes inversiones destinadas a fortalecer la transición energética en el Perú.
Según, Claudio Gazzolo Villata, gerente general de SIGNUS, el proyecto energético que cuenta con inversionistas extranjeros y con quienes se suscribió un acuerdo en el 2022, encargado del desarrollo de la planta, aspira a posicionar al país como líder regional en producción de hidrógeno verde, un recurso esencial para la descarbonización industrial y la generación de amoníaco para la industria química.
Por su parte, el abogado de SIGNUS, Wilber Medina, denunció que el juez incumple su obligación de hacer respetar la sentencia vinculante del TC, transformando un proceso de amparo en “desamparo” y se espera que en los siguientes días cumpla con la resolución.
Asimismo, dijo ha presentado una queja formal ante la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial para exigir que se haga justicia. Además, la permanencia de AUTODEMA en el registro ha facilitado un tráfico ilegal de lotes, donde ciudadanos incautos compran predios que no pueden ser legítimamente vendidos.
El TC ya había emitido en diciembre de 2023 una resolución reafirmando la propiedad de SIGNUS y advirtiendo con multas a AUTODEMA por resistencia al cumplimiento de lo resuelto. Sin embargo, la falta de ejecución en el ámbito judicial pone en jaque una inversión que generaría millas de empleos y posicionaría a Arequipa como un referente en energías renovables.
La incertidumbre crece y plantea un interrogante de fondo: ¿puede una decisión judicial, en teoría suprema, ser ignorada y retrasar el desarrollo sostenible y la llegada de inversiones estratégicas? El sector espera respuestas rápidas y un compromiso claro con el Estado de derecho y la promoción de proyectos que fortalezcan la economía y el ambiente.
