Por: Martín Rodríguez
Abogado Constitucionalista
Días atrás, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, se presentó ante el Congreso de la República junto con su terna ministerial para exponer la política general del gobierno de transición liderado por el presidente José Jerí. En su presentación, enfatizó que el sector minero es una de las actividades económicas más importantes de nuestro país y la principal generadora de divisas, contribuyendo de manera vital a las exportaciones. Por ejemplo, este año Perú superará los 83 millones de dólares en exportaciones mineras, un 11% más que en 2024. Por tales razones, consideramos acertado que el presente gobierno tome al sector minero de manera preponderante.
Si bien esta administración no tiene la capacidad para realizar grandes obras ni generar reformas en el sector público debido a múltiples factores, y en especial al poco tiempo para ejercer funciones, es sumamente relevante que temas como la estabilidad económica y la lucha contra el crimen organizado sean tratados con entereza y prontitud. Estos asuntos son urgentes para garantizar la estabilidad y tranquilidad del país.
Según el primer ministro Álvarez Miranda, el gobierno propiciará un sector minero más transparente, eficiente y comprometido con el bienestar de las comunidades locales y con el medio ambiente. La meta oficial para fines de 2025 es alcanzar una inversión minera ejecutada de 5,100 millones de dólares, mientras que para 2026 se espera superar los 2,100 millones de dólares, siguiendo una política de desastres de proyectos mineros que se desarrollarán con la mayor prontitud y efectividad posible.
El premier también expuso sus próximas acciones contra la minería ilegal, una actividad que perjudica no solo el medio ambiente y la salud de las personas, sino la economía nacional, el régimen tributario y que aleja otros delitos. Anunció una estrategia integral de interdicción e inteligencia financiera que incluye operaciones conjuntas de la PNP, SUCAMEC, SUTRAN, Migraciones y la SUNAT en las zonas de mayor incidencia de minería ilegal y crímenes relacionados. Estos aspectos, entre otros, son necesarios para seguir en la senda del crecimiento minero y económico nacional. Este gobierno de transición hace bien en adoptar medidas para el buen desarrollo del sector.