El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, sobre algunos incidentes de agitación que buscan impedir el desarrollo del proyecto de Tía María y que recibió la autorización en octubre, comentó que existen dirigentes locales que promueven acciones de agitación y propaganda para impedir el desarrollo minero.
“Detrás de ellos hay ONG con una agenda internacional: quieren preservar el ambiente para que los norteamericanos y europeos puedan gozar de la tranquilidad en el futuro, pero son indiferentes a la pobreza y miseria de nuestro pueblo”, declaró en entrevista con un programa televisivo.
Aunque Southern cuenta con la autorización para iniciar operaciones, Álvarez resaltó que no hay una fecha definitiva para el comienzo debido a la oposición “bien financiada y con mucha experiencia”. El proyecto registra un avance del 23% en su etapa de construcción y la explotación está prevista para 2027.
La reacción en el Valle de Tambo no se hizo esperar. Miguel Meza, vocero de la comunidad, acusó al Gobierno de intentar reducir la movilización social y denunció una campaña de criminalización contra líderes sociales, muchos de los cuales enfrentan procesos judiciales o están encarcelados. Meza enfatizó que el rechazo social responde a una imposición sin licencia social. Por su parte, Jesús Cornejo, expresidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, rechazó las aceptaciones del premier y pidió al Poder Judicial que resolviera con celeridad la medida cautelar presentada contra el proyecto, argumentando que el Estudio de Impacto Ambiental ha perdido vigencia. “Seguiremos defendiendo la seguridad y soberanía alimentaria del Valle de Tambo”, concluyó.