Enfrenta revisión técnica, ambiental y fiscal que definirá reactivación o cierre definitivo.
La auditoría, encargada por el Ejecutivo y ejecutada por la firma SGS Panamá Control Services, incluye evaluaciones técnicas, legales, fiscales, ambientales y laborales. Las autoridades señalaron que el informe final se entregará a finales de febrero de 2026, pero algunos hallazgos clave se darán a conocer públicamente antes de que concluya el año.
Cobre Panamá, ubicada en la provincia de Colón, es considerada la mina más importante del país y una de las mayores de cobre en América Latina. Antes del cierre, generaba cerca del 5 % del PIB panameño, representaba más del 75 % de las exportaciones del sector minero y empleaba directamente a más de 7,000 personas.
Desde su puesta en marcha en 2019, el proyecto fue señalado como un motor de crecimiento económico para el país. Sin embargo, la renegociación del contrato con First Quantum y su posterior aprobación en octubre de 2023 desataron una ola de protestas sociales que se extendieron por semanas. Grupos ambientales, sindicatos y organizaciones civiles cuestionaron el proceso de aprobación legislativa, el impacto ambiental de la mina y la supuesta falta de transparencia en los beneficios para el Estado.
El fallo de la Corte Suprema, emitido el 28 de noviembre de 2023, puso fin a la operación del proyecto. Desde entonces, First Quantum ha mantenido una estructura de mantenimiento y seguridad para preservar la infraestructura del complejo y garantizar el cumplimiento de estándares ambientales. Según la empresa, este plan de preservación incluye el manejo seguro del concentrado remanente, mantenimiento de sistemas eléctricos y de control ambiental, así como el monitoreo de residuos y descargas.
El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), ente encargado del seguimiento a la auditoría, ha reiterado que los resultados serán un insumo fundamental para determinar el futuro del yacimiento. Entre las opciones que se analizan están la reactivación del proyecto bajo nuevas condiciones, una reestructuración profunda de sus operaciones o el cierre definitivo y planificado del sitio.
El gobierno ha insistido en que esta auditoría busca proteger el interés nacional, garantizar la transparencia en los procesos mineros y asegurar que cualquier decisión sobre Cobre Panamá esté respaldada por evidencia técnica y jurídica. La firma SGS ha trabajado bajo un contrato de más de 600 mil dólares para revisar aspectos como cumplimiento ambiental, compromisos sociales, obligaciones fiscales, pasivos operativos y estado de las instalaciones.
Desde el sector minero, la atención está centrada en los resultados preliminares de diciembre, ya que podrían abrir la puerta a una renegociación o reactivación del proyecto. La Cámara Minera de Panamá y otros actores del sector han expresado su interés en que se preserve la inversión en el país, siempre bajo el respeto al marco legal vigente.
First Quantum Minerals, por su parte, ha manifestado su disposición a colaborar plenamente con las autoridades panameñas. La empresa asegura que sigue comprometida con los principios de responsabilidad ambiental, social y de gobernanza (ESG), y que continuará brindando información técnica a los auditores durante todo el proceso.
(Fuente: Minería En Línea)