Un escenario de desastre ambiental silencioso ha sido desnudado por la Contraloría General de la República. El informe de control n.° 026-2025-OCI revela que la quebrada Guacamayo y el río Inambari, en Tambopata, han sido convertidos en un vertedero de la minería, registrando niveles críticos de mercurio, plomo y cadmio que pulverizan los Estándares de Calidad Ambiental (ECA).
El operativo, liderado por el vicecontralor Marco Argandoña, expone una alarmante negligencia institucional. Pese a que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) detectó violaciones repetidas entre 2021 y 2025 —incluyendo pH elevado y exceso de metales pesados—, la contaminación persiste, amenazando la salud de las comunidades amazónicas y la fauna local.
Este «cóctel tóxico» no solo altera los ecosistemas, sino que ingresa a la cadena alimentaria mediante la bioacumulación. La Contraloría ha emplazado a la ANA a abandonar la pasividad, exigiendo sanciones inmediatas y una vigilancia férrea sobre las concesiones mineras. En una región devastada por la informalidad, la inacción estatal hoy es el pasaporte a un daño irreversible mañana.