El diagnóstico es brutal y no admite paliativos: el Perú ha quedado al desnudo, y Arequipa, su segunda región más importante, también. Lo que hoy presenciamos no es una crisis fortuita, sino el resultado de décadas de incoherencia gubernamental e incapacidad técnica en todos sus niveles. El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, lo ha admitido con una crudeza inusual: nuestro sistema energético es tan vulnerable que cualquier falla en el ducto de Camisea nos deja en la oscuridad. Somos un país que camina sobre la cuerda floja, dependiendo de un solo hilo de gas.
Pero la desnudez no es solo energética; es institucional y de seguridad. Los datos presentados por el IPE son una bofetada a la formalidad: en lo que va del 2026, cada día nacen seis nuevas plantas procesadoras de oro y dos comercializadoras ilegales. Estamos ante una industria criminal paralela que movilizó 12 mil millones de dólares en 2025, mientras el Estado, en un acto de negligencia casi cómplice, apenas destinó menos de 200 mil soles para combatirla. Es una rendición incondicional ante el oro de sangre. Mientras la minería ilegal carcome la Amazonía y financia mafias, la clase política mira hacia otro lado, omitiendo el tema en sus planes de gobierno o tratándolo con una ligereza que indigna.
Arequipa, por su parte, ha visto colapsar su conectividad por la fragilidad de un solo punto: el puente de Uchumayo. Es inaudito que en pleno siglo XXI la segunda capital del país no cuente con tres vías alternas modernas. La improvisación ha sido la norma y la desesperación de la población, el resultado.
La crítica es directa: hemos sido gobernados por ventrílocuos de intereses oscuros y payasos mediáticos que llegan al poder para lucrar, olvidando que su mandato es el desarrollo. Es inaceptable que el principal generador de divisas del país, la minería, esté siendo devorado por la ilegalidad ante la pasividad de un Reinfo que sirve de escudo al crimen.
Lo propositivo exige un giro de 180 grados. Necesitamos, primero, una Ley MAPE que separe la paja del trigo y asfixie económicamente a las plantas ilegales. Segundo, una inversión masiva en infraestructura de respaldo (energética y vial) que rompa la dependencia de puntos únicos de falla. Pero, sobre todo, el cambio debe ser ciudadano. Ya basta de equivocarnos. Elegir «al menos malo» nos ha dejado desnudos. Es hora de exigir cuadros técnicos, ética probada y planes de gobierno con metas presupuestadas. El desarrollo no es un favor que nos hacen los políticos; es un derecho que nos están robando. Ya cansa, carajo. Es hora de escoger a los mejores.