La postergación del proyecto minero Zafranal por parte de la canadiense Teck Resources no es solo una decisión empresarial: es un reflejo de las debilidades estructurales que siguen frenando el desarrollo minero en el Perú. Con una inversión cercana a los US$ 1,900 millones, esta iniciativa representaba una de las apuestas más importantes para Arequipa y para el país, hoy colocada en pausa en medio de un entorno poco competitivo.
El proyecto, ubicado entre Castilla y Caylloma, en una zona sin actividad agrícola ni áreas protegidas, había comenzado a generar dinamismo económico en su entorno. Contratistas, proveedores y programas sociales ya evidenciaban un impacto positivo en las comunidades cercanas. Sin embargo, la decisión de Teck de priorizar su operación en Quebrada Blanca, en Chile, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿por qué el Perú pierde terreno frente a otros países?
La respuesta no es nueva. La excesiva tramitología, la falta de predictibilidad y un clima político que envía señales contradictorias a la inversión son factores que erosionan la confianza. A ello se suma la reciente aprobación de iniciativas legislativas por políticos aprendices de pacotilla que, lejos de fortalecer la minería formal, parecen abrir espacios a la informalidad y la ilegalidad, sectores que mueven miles de millones de dólares sin aportar al desarrollo nacional.
Zafranal no ha sido cancelado, pero su paso a una fase de “preservación de activos” implica una desaceleración real. Menos empleo, menor dinamismo local y expectativas en pausa. Arequipa, que ya comenzaba a sentir los beneficios de esta inversión, enfrenta ahora un compás de espera que evidencia la fragilidad del entorno de inversión. Lo ocurrido con Zafranal no es un caso aislado. Es una señal de alerta para una cartera minera que supera los US$ 50 mil millones y que podría transformar la economía peruana. Cuando una empresa global decide priorizar otro país, no solo evalúa la rentabilidad del proyecto, sino también las condiciones que ofrece el entorno.
Chile, por ejemplo, ha avanzado en generar mayor estabilidad regulatoria y agilidad en procesos, factores clave en un sector donde los proyectos toman décadas en madurar. El Perú, en cambio, parece avanzar en sentido contrario, con normas que generan incertidumbre y decisiones políticas que debilitan la institucionalidad. El país no puede darse el lujo de seguir postergando oportunidades. Es urgente simplificar los procesos, garantizar seguridad jurídica y establecer una política minera clara que promueva la inversión formal y combata con firmeza la ilegalidad, donde predomine la constante fiscalización por una minería moderna y responsable.
Zafranal aún tiene futuro, pero su pausa debe ser entendida como una advertencia. Si el Perú no corrige el rumbo, no solo perderá proyectos, sino también la posibilidad de generar empleo, reducir la pobreza y consolidar su posición como potencia minera, tal como declaró a Todo Minería el presidente de Buenaventura, Roque Benavides quien reiteró que con los proyectos en cartera se podría crecer hasta 8%.