Por Manuel Gago
La cartera de proyectos 2026, presentada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), de US$757 millones, es una muestra de la confianza en el país a pesar del desorden político y de la inseguridad ciudadana.
Pero, este optimismo no es completo. Durante el “debate” presidencial tan sui generis, organizado por el JNE, la minería fue la cenicienta: olvidada y arrinconada. Casi la totalidad de los candidatos a la presidencia de la República evitan opinar sobre minería. Existe un complejo traducido en temor. A los candidatos les avergüenza hablar abiertamente en favor del aprovechamiento de los recursos minerales porque el movimiento antiminero –desde Ollanta Humala– ganó espacios con su virulenta retórica contraria a la principal actividad económica del país, la que levanta la olla de todos. Para Rafael López Aliaga, de Renovación Popular (R), los motores que impulsan al Perú son la minería, el comercio, el turismo e infraestructura. Dijo que, de llegar al gobierno, la minería informal será su prioridad. Resolver el desorden de la minería informal e ilegal debe ser política de Estado urgente del próximo gobierno. Cortarle el paso a la delincuencia organizada que invade propiedad ajena para realizar actividades mineras no autorizadas.
Los proyectos de ley vistos en la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, que promueven revocar los contratos mineros y reducir los plazos de desarrollo de los contratos, son parte del desorden político aludido. Tales proyectos modifican la Ley General de Minería. Reduce de 30 a 15 años el plazo para iniciar la explotación minera. El argumento usado es “concesiones ociosas”. Las áreas no aprovechadas por estar, supuestamente, en calidad de concentración y especulación dan pie a las iniciativas legislativas. Las concesiones no aprovechadas serán devueltas para que otro concesionario las aproveche en los plazos fijados.
Al respecto, el historial minero peruano indica una demora promedio de 40 años para iniciar un proyecto. Cerro Verde, Antamina y Quellaveco esperaron entre 60 y 83 años. El exceso de normas repetitivas en diversas instancias y los conflictos ocasionados contra el país por los comunistas son las principales razones de las demoras. No es entonces responsabilidad de los concesionarios.
La minería ilegal tiene décadas por un Estado débil, timorato, permisivo y cómplice. Ese Estado débil fue tomado por la izquierda hace 26 años. Bombardear su maquinaria no es suficiente por la capacidad económica de la ilegalidad. Las máquinas destruidas son reemplazadas por otras. El abandono del Estado imponiendo la ley y la Constitución ocasiona el avance de la ilegalidad a tal extremo que su fuerza es visible en la política. En el actual contexto electoral, el voto ciudadano es crucial. No votar por los candidatos que no conocen el problema minero y, menos todavía, por los promotores de delitos. Claramente, las candidaturas comunistas son parte del movimiento antiminero. Los de “centro”, por no saber, inclinados hacia la izquierda.
Si el dictamen que modifica la Ley General de Minería es aprobado convertirá al país en un campo de batalla. Las invasiones de yacimientos ajenos se multiplicarán. Por ejemplo, en Las Bambas la criminalidad realiza actividades extractivas impunemente. Lo mismo en Conga. Los otrora defensores de la naturaleza y agua son ahora reyes y señores haciendo exactamente lo que supuestamente combatían: la contaminación del medio ambiente.