Por: Roderick Gutiérrez Pérez
Ex presidente de la Cámara Minera de Panamá
CEO de GRUPO CAMSA Panamá
Soy un convencido de la minería moderna, no solo por su aporte a las economías, sino porque, bien ejecutada, es una de las actividades industriales más capaces de integrar ciencia, ingeniería y gestión ambiental de alto nivel. Pero por mi experiencia de más de 18 años en el rubro, también tengo claro algo: ningún proyecto minero, por sólido que sea en lo geológico o financiero, es viable en el tiempo si no asegura su licencia social y ambiental.
Este no es un planteamiento ideológico, es una conclusión técnica, científica y legal.
Desde el punto de vista técnico, la minería actual opera en entornos complejos, con variables ambientales, sociales y regulatorias interdependientes. Pretender desarrollar un proyecto sin integrar estos factores desde la fase de prefactibilidad es, simplemente, un error de diseño. La licencia social no es un complemento; es una condición operativa. Sin ella, cualquier planificación minera queda expuesta a interrupciones que afectan directamente la curva de producción, los costos operativos y la tasa interna de retorno.
En el plano científico, los estudios de impacto ambiental han evolucionado significativamente. Hoy incorporan modelaciones hidrológicas, análisis de dispersión de contaminantes, estudios de biodiversidad con base en líneas base robustas y sistemas de monitoreo en tiempo real. Pero todo este componente técnico pierde valor si no es comprendido, validado y, en cierta medida, aceptado por las comunidades y actores del entorno. La ciencia, en minería, no solo debe ser precisa; debe ser comunicada eficazmente.
Aquí es donde entra el componente social con rigor técnico. Procesos como la licencia social ambiental, o el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) deben ser diseñados con la misma seriedad que un plan de mina. No se trata de “socializar” un proyecto, sino de estructurar mecanismos de participación que permitan identificar riesgos sociales, gestionar expectativas y establecer acuerdos sostenibles. Las licencias sociales y ambientales bien ejecutadas reducen incertidumbre, fortalece la gobernanza local y, sobre todo, aporta estabilidad operativa.
Desde la perspectiva legal, el escenario es aún más claro. Las normativas ambientales son cada vez más exigentes y los estándares internacionales, particularmente los vinculados a criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza, ó como lo conocemos en ingles, los Environmental, Social and Governance (ESG), están condicionando el acceso a financiamiento. Incumplir o subestimar la gestión social y ambiental no solo expone al proyecto a sanciones administrativas, sino a litigios complejos, arbitrajes internacionales y pérdida de confianza por parte de inversionistas.
En términos estrictamente económicos, integrar de forma rigurosa la licencia social y ambiental no es un costo adicional, sino un mecanismo de optimización financiera.
Los proyectos que incorporan estos componentes desde su diseño reducen significativamente riesgos de paralización, sobrecostos por conflictos, litigios y reprocesos técnicos, lo que se traduce en mayor estabilidad operativa y cumplimiento de cronogramas.
Para los Estados, exigir y fiscalizar correctamente estos procesos no solo eleva la calidad de los proyectos que ingresan, sino que garantiza ingresos más sostenibles, menos contingencias sociales y mayor competitividad en el mercado global de inversiones mineras.
En definitiva, la licencia social y ambiental bien gestionada demuestra que la minería puede ser altamente rentable en lo económico, sin dejar de ser sostenible en el tiempo al integrar de manera equilibrada lo ambiental y lo social.
(Especial para Todo Minería)
