Manuel Gago
Todo está en condicional; nada puede asegurarse en un Perú que podría encaminarse al abismo si en la segunda vuelta electoral se vota mal. Existe tal nivel de incertidumbre que el país podría quedar inmovilizado si el próximo gobierno cae en manos de una izquierda extrema y radical.
Por ejemplo, la noticia no afirma con firmeza que “el Perú liderará la producción de cobre”. Solamente señala la existencia de yacimientos altamente productivos y una creciente demanda mundial que abre posibilidades. Sin embargo, el alto riesgo político y todo lo que este implica pondrían al país en una situación de espera; y las “esperas” reducen la eficacia y competitividad, hacen perder oportunidades y desaniman a los inversionistas, quienes prefieren establecerse en lugares estables. La segunda vuelta electoral genera dudas e inestabilidad.
Está en juego la legalidad frente a la ilegalidad, pero, sobre todo, la vigencia de un Estado de derecho frente al capricho ideológico de una camarilla que planea atornillarse en el poder. Si el Perú vota mal, quizá no sean noticia las barbaridades cometidas al amparo de un totalitarismo socialista que, hace 40 años, intentó tomar el poder mediante paros armados, derribo de torres de alta tensión, juicios populares, tiros de gracia, torturas, secuestros, extorsiones y otras atrocidades. Hoy lo harían utilizando las herramientas democráticas, siendo las elecciones la principal de ellas.
Por ejemplo, en un eventual gobierno comunista no sería divulgada la noticia protagonizada por Edison Vargas Huamanga, expresidente de la comunidad de Fuerabamba, en Apurímac. Dicho dirigente se apropió de fondos entregados por Las Bambas a la comunidad. La minera pagó US$31.8 millones por la compra de 180 hectáreas de terreno comunal. Parte de ese monto fue derivado a cuentas personales de Vargas y sus cómplices, obteniendo ilegalmente S/2.4 millones. El dinero de los comuneros fue repartido con demora y muchos no recibieron nada. En la zona minera, ciertos dirigentes y asesores formarían verdaderas organizaciones criminales. Recordemos también a un dirigente del Valle de Tambo, vinculado a la izquierda antiminera, quien exigía “lentejas” a Southern Perú para evitar —según él— manifestaciones violentas contra el proyecto minero Tía María.
Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, representaría a los mineros ilegales cuyos planes serían invadir concesiones y propiedades ajenas. La coartada sería ofrecer espacios a la minería artesanal. Sin embargo, el mayor peligro radicaría en su cercanía con Cuba, con grupos separatistas del sur y con sectores de la izquierda internacional. Repetiría el libreto aplicado en Bolivia, Nicaragua y Venezuela. Negar las expropiaciones y desconocer contratos formarían parte del discurso de campaña. Basta recordar el “gas barato” ofrecido por Ollanta Humala en 2011. El blanqueo del discurso radical suele surtir efecto en personas poco informadas o desinteresadas de su futuro.
En un contexto de confusión ciudadana, para un 70% de los empresarios existiría el riesgo de profundizar aún más la inestabilidad política, sumada a la inflación, el incremento de costos de producción y la desaceleración económica. ¿Se trata de un escenario apocalíptico como consecuencia de políticas de Estado contrarias al respeto de la propiedad privada y de las libertades individuales, políticas y económicas?
La minería y la agroindustria son actividades de alto riesgo. Ambas son atacadas por sectores de izquierda no porque operen contra la deontología empresarial o las normas nacionales —cada vez más exigentes—, sino por ser pilares de la economía nacional. Son las “joyas de la abuela” ambicionadas por dirigentes como el mencionado Vargas de Fuerabamba, quienes pretenderían vivir a costa del esfuerzo ajeno, invadiendo, depredando y estafando incluso a los suyos.
