La minería ilegal en el Perú ha dejado de ser un fenómeno periférico para convertirse en una herida abierta que atraviesa la seguridad, la economía y la institucionalidad del país. Lo ocurrido en Caravelí, Arequipa —con la sentencia por la masacre de Ático y los recientes operativos en Chala y Achanizo— no son episodios aislados, sino capítulos de una misma historia: la captura progresiva de territorios enteros por economías criminales que operan con una violencia cada vez más estructurada.
La advertencia de la CONFIEP esta semana no es nueva, pero sí más urgente. Cuando el principal gremio empresarial del país señala que la minería ilegal alimenta la delincuencia y la extorsión, lo que está describiendo no es una externalidad económica, sino una simbiosis peligrosa entre ilegalidad y poder armado. El oro ya no solo se extrae; se disputa, se defiende y se impone con fusiles.
El caso Ático es una radiografía brutal. No se trató de una riña espontánea, sino de una guerra territorial entre organizaciones mineras que operaban como estructuras casi militares. Catorce vidas perdidas en un solo día del 2022 evidencian la ausencia del Estado en zonas donde la ley no llega o llega demasiado tarde. La justicia, aunque necesaria, llega después del desastre.
Pero el problema es más profundo. Los operativos recientes en Arequipa revelan la otra cara del fenómeno: trata de menores, redes de explotación y explosivos en concesiones mineras. Es decir, un ecosistema criminal completo que se alimenta de la debilidad institucional y de la permisividad política acumulada durante años.
Aquí aparece el punto crítico: la complicidad por omisión. Legisladores, normas débiles, procesos de formalización ineficaces como el REINFO —convertido en muchos casos en escudo de ilegalidad— y una burocracia incapaz de diferenciar entre inclusión productiva y encubrimiento del delito.
No se trata de criminalizar la pequeña minería ni de ignorar su importancia económica. Se trata de reconocer que la frontera entre informalidad e ilegalidad ha sido deliberadamente difuminada, permitiendo que redes criminales se camuflen en el vacío regulatorio.
El Estado necesita dejar de administrar el problema y empezar a enfrentarlo como lo que es: una economía criminal transnacional con control territorial, capacidad de fuego y conexión con otros delitos como la trata de personas y el lavado de activos. No hay política minera posible si primero no se recupera el control del territorio.
Ático no debe ser solo una sentencia judicial. Debe ser una advertencia política. Porque mientras el Estado debate reformas, en muchas zonas del país el oro ya ha sustituido a la ley.