Propuesta busca desburocratizar el sector y establecer reglas claras para una formalización real
TODO MINERÍA
La minería en el Perú se encuentra ante una encrucijada que trasciende la política coyuntural: la crisis estructural de la minería artesanal y a pequeña escala (MAPE). Con el inicio de una nueva gestión gubernamental este 28 de julio, el Consejo Nacional de Minería (CONADEMI) ha presentado formalmente su Plan de Trabajo para los 100 primeros días de gobierno, un documento técnico diseñado para resolver el estancamiento regulatorio que ha afectado al sector durante la última década.
Bajo la dirección de Nohelia Llerena Ccasani, esta hoja de ruta no solo identifica los problemas de raíz, sino que establece ejes estratégicos para desatar el nudo de la informalidad mediante una gestión basada en auditorías, regulación diferenciada y el reconocimiento de derechos históricos.
LA CRISIS DEL REINFO
El diagnóstico presentado por Llerena Ccasani es contundente: el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), creado como un mecanismo transitorio para encauzar a los empresarios hacia la formalidad, ha perdido su propósito original debido a las sucesivas ampliaciones de plazo sin metas claras. Según el documento, este instrumento se ha transformado en un «mecanismo remendado» que, lejos de ser un incentivo, ha generado un marco de incentivos perversos que perpetúan la permanencia en la informalidad.
Para corregir esta distorsión, el CONADEMI propone un plan de acción para los primeros 30 días centrado en una auditoría integral del padrón. Este proceso busca verificar los requisitos, coordenadas, superposición con áreas prohibidas y el estado real de cumplimiento de los Instrumentos de Gestión Ambiental (IGAFOM). El objetivo es depurar el sistema y establecer condiciones de permanencia, graduación y salida con plazos perentorios e improrrogables. Esta depuración es el primer paso indispensable para cualquier intento de formalización que pretenda tener éxito y sostenibilidad en el tiempo.
REGULACIÓN TÉCNICA
Uno de los puntos más críticos señalados por el plan de trabajo es la pretensión de regular a la pequeña minería con los mismos estándares diseñados para la gran minería. Esta falta de adecuación técnica ha generado una brecha institucional que complica la fiscalización y desincentiva la inversión en seguridad y eficiencia.
En respuesta, el CONADEMI plantea la elaboración y publicación de un Reglamento Específico de Fiscalización Técnica, que reconozca las particularidades de la extracción de baja escala. Esta reforma se vería potenciada por la implementación del Sistema de Información Integrado de Pequeña Minería (SIIPM), una plataforma operativa que centralizará el catastro, los niveles de producción, el estado de fiscalización y el avance del proceso de formalización en tiempo real. Además, el plan aboga por la creación de un régimen tributario simplificado, articulado con la SUNAT, que permita a los pequeños mineros formalizados acceder a beneficios competitivos y financiamiento, eliminando la idea de que la formalidad es solo una carga burocrática sin retribución.
JUSTICIA PARA LA MINERÍA ANCESTRAL
El aspecto más humano y social del plan de trabajo es, sin duda, la propuesta de reconocimiento de la minería ancestral. Históricamente invisibilizada, esta actividad practicada por comunidades campesinas, nativas y grupos como las pallaqueras —mujeres que recuperan mineral de los desmontes— carece de un marco legal específico que la proteja y formalice.
Nohelia Llerena sostiene que el Estado tiene la obligación, bajo el Convenio 169 de la OIT, de reconocer estos derechos sobre los recursos naturales. Por ello, el plan contempla la conformación de un Grupo de Trabajo Multisectorial para diseñar un proyecto de ley que cree una categoría jurídica diferenciada. Esto incluye la creación de un IGAFOM Ancestral, adaptado a la escala, tecnología y contexto cultural de estas comunidades, así como la implementación de un protocolo que reconozca a las pallaqueras como sujetos de derecho, garantizando su acceso a programas sociales, seguridad y salud.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Finalmente, la propuesta de CONADEMI enfatiza que la reforma técnica debe ir acompañada de un fortalecimiento institucional sin precedentes. El plan de 100 días incluye la creación de la Ventanilla Única de Formalización Minera (VUFM), una instancia que permitirá centralizar los trámites ante el MEM, GREMs, INGEMMET, ANA, SERNANP y SUNAT, reduciendo los tiempos y costos de gestión para los mineros.
Para que este andamiaje funcione, Llerena propone un programa de capacitación masiva dirigido a 500 funcionarios regionales, asegurando que el nuevo marco regulatorio sea aplicado con criterios uniformes a nivel nacional. No obstante, el documento concluye con una premisa clara: toda la arquitectura técnica presentada —que abarca desde la digitalización de expedientes hasta la publicación del Mapa Nacional de Zonas de Exclusión— será ineficaz sin una verdadera voluntad política. La directora del CONADEMI subraya que el nuevo gobierno tiene ante sí la oportunidad histórica de liderar un «giro de timón» que posicione al Perú como un referente de minería responsable, formal y sostenible en la región, un modelo que integre tanto a la pequeña minería técnica como a la sabiduría de la minería ancestral en una sola visión de país.
