La reactivación de las inversiones mineras depende de un entorno regulatorio más eficiente y de la consolidación de la seguridad jurídica, sostuvo la presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Julia Torreblanca, al analizar el reciente mensaje presidencial de Keiko Fujimori. Aunque consideró que faltó destacar con mayor fuerza el aporte económico de la minería, señaló que el Gobierno abordó aspectos considerados estratégicos para acelerar el desarrollo de nuevos proyectos, entre ellos la simplificación de permisos, la lucha contra la minería ilegal y el fortalecimiento del Estado de derecho.
PERMISOS MÁS ÁGILES PARA ACELERAR PROYECTOS
Uno de los principales obstáculos para la ejecución de inversiones mineras continúa siendo la complejidad del sistema de autorizaciones. De acuerdo con la dirigente gremial, un mismo proyecto debe obtener aprobaciones de múltiples entidades encargadas de evaluar aspectos ambientales, recursos hídricos, patrimonio arqueológico, cobertura forestal, acceso a tierras y otros componentes regulatorios.
Este esquema, explicó, en declaraciones divulgadas por diario Expreso, genera duplicidad de evaluaciones, reiterados requerimientos de información y procesos que avanzan de manera secuencial en lugar de desarrollarse simultáneamente. Como consecuencia, los plazos de ejecución se prolongan, aumentan los costos de desarrollo y se incrementa la incertidumbre para los inversionistas.
La propuesta planteada por la SNMPE apunta a una gestión pública integrada mediante una ventanilla única interoperable, donde las entidades compartan información y coordinen sus evaluaciones. Ello permitiría reducir tiempos administrativos sin modificar los estándares ambientales ni debilitar los mecanismos de fiscalización que exige la normativa vigente.
SEGURIDAD JURÍDICA Y LUCHA CONTRA LA MINERÍA ILEGAL
Otro de los puntos valorados por el gremio fue el compromiso del Ejecutivo para enfrentar la minería ilegal, actividad que continúa expandiéndose en diversas regiones y que representa uno de los mayores desafíos para la industria formal, el medio ambiente y la seguridad ciudadana.
Torreblanca también destacó la importancia de preservar la estabilidad jurídica como condición indispensable para atraer capitales de largo plazo. La minería demanda inversiones multimillonarias y proyectos cuya maduración puede extenderse durante varios años, por lo que la predictibilidad regulatoria constituye un factor determinante en las decisiones empresariales.
Desde la perspectiva del sector, agilizar la aprobación de proyectos no implica flexibilizar las exigencias ambientales, sino optimizar la coordinación institucional para eliminar procesos redundantes. En un contexto de creciente demanda mundial por minerales estratégicos, especialmente cobre, el Perú mantiene una oportunidad relevante para fortalecer su competitividad, siempre que logre reducir las barreras administrativas que hoy limitan el avance de nuevas inversiones.