Manuel Gago
El sector minero es el pilar de la economía nacional, contribuye grandemente al desarrollo social. Según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el 76.1% de las exportaciones nacionales corresponden a los envíos de cobre y otros minerales.
En un contexto de esperanzas ciudadanas por el cambio de rumbo político y resultados prontamente, la tarea urgente es desbloquear los proyectos mineros pendientes. El Gobierno deberá empezar reduciendo el número de trámites, algunos repetitivos y en instancias incluso dedicadas a frenar el avance del aprovechamiento de los recursos naturales. Los proyectos deben obtener la aprobación de instituciones ambientales, arqueológicas, forestales y otros parecidos en oficinas locales y nacionales. El pedido de reducción de la llamada “tramitología” no es de ahora. La izquierda detrás de quinquenios presidenciales anteriores fue la autora de los numerosos trámites destinados a detener el avance de la minería con el fin de empobrecer al país.

Si a la minería le va bien, le irá bien a todo el país. Perú es un país tradicionalmente minero que ha puesto en marcha desde la década de los noventas modelos de cuidados ambientales y sociales; excepto, obviamente, los desarrollados por la minería ilegal.
Vale entonces resaltar las 7,756 peticiones atendidas por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) durante el primer semestre del año en curso. Se prevé que serán 11,000 petitorios antes de finalizar el 2026. Este número de proyectos rompe el récord anterior. La razón de los inversionistas es, también, obvia: el alza de los precios del oro y cobre en los mercados internacionales.
Vale señalar que las operaciones mineras no descansan. Las máquinas no pueden permanecer ociosas. Los envíos contratados se respetan sin postergaciones. Molinos, chancadoras, canchas de oxidación y lixiviación no pueden ser paralizadas porque sí. Sin embargo, en un contexto de esperanzas y esfuerzos por salir adelante, llama la atención que, mientras unos van para adelante sin parar, los feriados nacionales no serán modificados y en el Parlamento existe la posibilidad de asistir a los Plenos, cuatro mensuales y alguno excepcional, de manera virtual.
Por ejemplo, el feriado del pasado jueves 6 de agosto, seguirá siendo feriado según ha declarado Keiko Fujimori. “Derechos ganados”, fue el sustento. Este feriado fue declarado solamente por el bicentenario de la batalla de Junín. Los 16 feriados nacionales hacen de Perú el cuarto país sudamericano con más descansos. Para los gremios empresariales e incansable informalidad del 70%, los días no laborales afectan la competitividad productiva, beneficia el ocio de una burocracia pública acostumbrada y angurrienta por más privilegios. “Un día sin trabajo es un día sin comida”, asegura la esforzada informalidad nacional.
Si esos 11,000 petitorios mineros se hacen realidad, caen la pobreza e informalidad. Cambiaría el rostro apesadumbrado de los trabajadores por la ausencia de seguridades mínimas. Los cambios no son de un día para otro; tienen resistencia porque el temor a lo desconocido es natural en la humanidad. También existe una resistencia política por sus planes contra el bienestar de la población con el fin de someterlos.
La cancha está marcada como fue marcada por Francisco Pizarro antes de la Conquista: o vamos por la riqueza o por la pobreza. Usted decide.
