Cartera de 66 proyectos convive con 96 conflictos socioambientales, evidenciando una brecha crítica de gestión territorial.
La minería peruana tiene por delante una oportunidad de inversión superior a US$64 mil millones, pero su expansión enfrenta un desafío decisivo: lograr que esa riqueza se traduzca en desarrollo sostenible y capacidades permanentes en las regiones. Jimena Sologuren, subgerente de Responsabilidad Social y Comunicaciones de Compañía Minera Poderosa, advierte que la sostenibilidad de los nuevos proyectos dependerá tanto de la gestión social como de la capacidad estatal para transformar los recursos mineros en infraestructura y servicios.
La dimensión del reto queda expuesta por los 151 conflictos sociales registrados por la Defensoría del Pueblo a junio de 2026. De ellos, 96 son socioambientales y mantienen relación con actividades extractivas.
US$64 MIL MILLONES BAJO PRESIÓN TERRITORIAL
La cartera minera está distribuida en 66 proyectos ubicados en 19 departamentos, configurando un importante potencial para atraer capital, generar empleo y ampliar la producción minera. Sin embargo, la conflictividad puede convertirse en un factor de riesgo para la continuidad y desarrollo de las inversiones.
Durante 2025, el sector transfirió más de S/10.045 millones al presupuesto nacional mediante canon, regalías y otros conceptos. A mayo de 2026, las transferencias ya superaban los S/4.000 millones. Para Sologuren, el desafío consiste en que esos recursos lleguen oportunamente a obras de agua, saneamiento, salud, educación e infraestructura.
La urgencia aumenta frente a una pobreza monetaria de 25,7%, que asciende a 35,5% en las zonas rurales. El dato revela que mayores transferencias no garantizan, por sí solas, mejores condiciones de vida.
ACTIVO PARA NUEVAS INVERSIONES
Para reducir tensiones, Sologuren plantea anticipar el diálogo y construir confianza antes de que aparezcan los conflictos. Transparencia, información oportuna, escucha activa y cumplimiento de compromisos deberían convertirse en pilares de la relación entre empresas y comunidades.
El enfoque también exige superar los programas sociales tradicionales. La pregunta clave, sostiene, debe ser qué capacidades quedan instaladas cuando una intervención empresarial concluye.
Bajo esta perspectiva, la minería debería contribuir a fortalecer instituciones, conocimiento y alianzas locales sin sustituir las funciones del Estado. El objetivo final es que los territorios diversifiquen sus economías y alcancen autonomía.
Con una cartera de US$64 mil millones en juego, el desafío para Perú ya no es únicamente atraer inversión: es construir las condiciones sociales e institucionales para que esa inversión sea duradera.