El Ejecutivo propone reemplazar el REINFO desde 2027, crear el FORMAPE y reforzar la fiscalización del oro en nueva Ley MAPE. Especialistas advierten problemas de acceso a concesiones, trazabilidad y gobernanza.
El Gobierno peruano busca formalizar a 31,563 operadores inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) mediante una nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE). La iniciativa plantea crear un organismo especializado, fortalecer la fiscalización y establecer un régimen transitorio desde enero de 2027. Sin embargo, especialistas advierten que, sin resolver el acceso a concesiones y el control del oro ilegal, podría perpetuarse la informalidad.
El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, sostiene que la propuesta permitirá sustituir los mecanismos temporales por reglas permanentes. El Ejecutivo espera su aprobación antes del 31 de diciembre de 2026, fecha prevista para cerrar definitivamente el REINFO.
La viceministra de Minas, Mayra Figueroa, explicó que los inscritos deberán superar una evaluación para determinar su continuidad. Precisó que los registros suspendidos no autorizan actividades extractivas y que las exclusiones por incumplimientos continuarán.
NUEVO ORGANISMO Y MAYOR FISCALIZACIÓN
Uno de los principales cambios es la creación del Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (FORMAPE), adscrito al Ministerio de Energía y Minas.
Según Figueroa, en declaraciones a El Comerció, esta entidad asumiría competencias actualmente ejercidas por las direcciones regionales, incluyendo autorizaciones de inicio y reinicio de operaciones, certificaciones, supervisión, fiscalización y sanciones.
La centralización busca reducir la dispersión administrativa y agilizar procedimientos. Sin embargo, las versiones difundidas presentan diferencias respecto de las funciones que conservarían los gobiernos regionales.
El proyecto establece 120 días para implementar el FORMAPE. Durante ese periodo, el Minem asumiría temporalmente determinadas responsabilidades.
También contempla una ventanilla única y una casilla electrónica para simplificar trámites, facilitar comunicaciones y reducir tiempos administrativos.
Otro cambio importante es la incorporación del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Osinergmin y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en la supervisión de la pequeña minería durante cinco años.
Estas entidades fiscalizarían las plantas de beneficio que procesen más de 25 toneladas diarias, mientras que las instalaciones de menor capacidad quedarían bajo responsabilidad del FORMAPE.
Iván Arenas, especialista minero, considera que esta medida representa un avance frente al esquema regional anterior, que comprendía instalaciones de hasta 350 toneladas diarias.
El abogado ambientalista César Ipenza coincide en fortalecer la intervención estatal, pero advierte que las plantas procesadoras constituyen puntos críticos donde minerales extraídos ilegalmente pueden ingresar a circuitos comerciales formales.
La fiscalización también plantea desafíos presupuestales. Figueroa indicó que las instituciones cuentan inicialmente con recursos, aunque deberán evaluar si necesitan asignaciones adicionales para asumir sus nuevas responsabilidades.
TRAZABILIDAD Y CONTROL DEL ORO
La propuesta incorpora un sistema interoperable para registrar la extracción, transporte, procesamiento y comercialización de minerales. Su implementación busca identificar el origen del material y dificultar su incorporación irregular al mercado.
Asimismo, contempla autorizar al Banco de la Nación a abrir cuentas a operadores en formalización, sin incluir financiamiento crediticio.
Ipenza cuestiona esta apertura financiera mientras no existan mecanismos confiables de trazabilidad, debido al riesgo de facilitar transacciones vinculadas con el lavado de activos.
Figueroa sostiene que la bancarización permitirá transparentar las operaciones económicas e identificar a quienes participan en la comercialización.
El desafío será asegurar que los registros digitales, la supervisión de plantas y las transacciones financieras funcionen articuladamente, evitando que el sistema termine legitimando mineral de procedencia desconocida.
FORMALIZACIÓN ENFRENTA OBSTÁCULOS
El principal cuestionamiento recae sobre el régimen excepcional de consolidación que reemplazaría al REINFO. Una versión contempla 18 meses de transición, mientras otras declaraciones oficiales sitúan su conclusión en diciembre de 2028. Esta diferencia deberá resolverse durante el debate legislativo.
Para Ipenza, extender los plazos sin corregir las deficiencias estructurales podría convertirse en otra prórroga encubierta.
Máximo Gallo, exdirector general de Formalización Minera, identifica un obstáculo determinante: el acceso legal a las concesiones. Según las cifras expuestas por el especialista, el 92% de los inscritos en el REINFO carece de concesión propia y depende de contratos con terceros para desarrollar actividades legalmente.
Gallo propone revisar las concesiones improductivas, facilitar contratos de explotación y establecer condiciones tributarias diferenciadas para pequeños productores.
También considera necesario mantener instrumentos ambientales específicos, incorporar mecanismos de remediación y fortalecer la seguridad ocupacional.
Por su parte, Paul Vera Regalado, director general de Formalización Minera, señaló que la nueva legislación incluiría asistencia técnica, tecnologías limpias, ventanilla única y mecanismos de inclusión financiera.
La discusión, sin embargo, trasciende los procedimientos administrativos. Sin acceso efectivo a concesiones, fiscalización independiente, recursos institucionales suficientes y trazabilidad verificable, la Ley MAPE corre el riesgo de reproducir las mismas limitaciones que impidieron concluir el proceso de formalización minera durante los últimos años.
