El Gobierno busca reemplazar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por un nuevo régimen para la pequeña minería y minería artesanal a partir del 1 de enero de 2027. El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní, presentó ante la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados los alcances del proyecto de Ley MAPE, que propone nuevas condiciones de formalización, mayor control sobre la comercialización de minerales y mecanismos para combatir la minería ilegal.
La iniciativa establece que el Reinfo vencerá el 31 de diciembre de 2026, mientras que los inscritos podrán acogerse, bajo determinados requisitos, a un régimen de consolidación que concluiría el 30 de junio de 2028.
FIN DEL REINFO Y NUEVAS CONDICIONES
Shinno descartó que la propuesta represente una nueva ampliación del registro. «El nuevo esquema propuesto tendrá condiciones distintas y no mantendrá la protección penal que les otorga actualmente el Reinfo», sostuvo.
El ministro afirmó que la prioridad consiste en diferenciar a quienes buscan operar legalmente de las organizaciones vinculadas con actividades ilícitas.
«Queremos darle seguridad jurídica a aquellos mineros que quieren trabajar bien y separarlos del minero ilegal», señaló.
El proyecto también contempla contratos de explotación por un mínimo de tres años entre titulares de concesiones y pequeños productores, con incentivos relacionados con determinadas penalidades.
Asimismo, propone facilitar tecnologías limpias mediante cooperación internacional, especialmente europea, para mejorar la eficiencia productiva y reducir impactos ambientales.
FORMAPE CONTROLARÍA LA CADENA MINERA
Una de las principales novedades es la creación del Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Minería Artesanal y Pequeña Minería (FORMAPE), adscrito al Ministerio de Energía y Minas.
Esta entidad asumiría funciones de acreditación, evaluación ambiental y autorización de operaciones, además de administrar sistemas de información y trazabilidad.
La trazabilidad permitiría seguir el mineral desde su origen hasta su comercialización, incluyendo transporte, acopio y procesamiento. El objetivo es identificar operaciones y reducir espacios para introducir producción ilegal en circuitos comerciales.
La propuesta también incorpora una Casilla Electrónica Única para centralizar procedimientos administrativos y autoriza al Banco de la Nación a brindar servicios financieros al sector.
Para regiones con importante actividad minera artesanal, como Arequipa, Puno y otras del sur, el cambio plantearía nuevas exigencias de adecuación y fiscalización.
Sin embargo, su aplicación dependerá de la aprobación legislativa, la capacidad operativa del futuro organismo y la implementación efectiva de los mecanismos de control. (FOTOS: MINEM)