Desde hace muchos años existe en el Perú un doble discurso respecto a la minería y sus beneficios. Somos uno de los pocos países del mundo que cuentan con importantes reservas de plata, cobre y oro.
En plata, el Perú ocupa el primer lugar mundial en reservas, con alrededor de 110 mil a 140 mil toneladas métricas finas (TMF), equivalentes aproximadamente al 18 % y 21,8 % de las reservas globales.
En cobre, ocupamos el segundo lugar mundial, con reservas cercanas a los 100 millones de toneladas métricas, que representan aproximadamente entre el 10 % y el 12 % de las reservas mundiales. Las principales zonas con grandes yacimientos cupríferos se encuentran en el sur, particularmente en Arequipa, Moquegua, Tacna y Apurímac, así como en el norte, donde Cajamarca concentra una parte significativa de los proyectos de cobre.
En cuanto al oro, el Perú cuenta con reservas estimadas en 2.500 toneladas métricas finas, equivalentes aproximadamente al 3,9 % de las reservas mundiales. Estas cifras lo ubican en el primer lugar de Latinoamérica y en el octavo puesto mundial.
Son cifras que revelan una posición expectante para nuestro país, pero que, lamentablemente, no han sido suficientes para superar nuestra condición de productores y exportadores de materias primas. Y conste que, muchas veces, cuando hablamos de inversión minera, solo consideramos la actividad formal y olvidamos, deliberadamente, a los mineros informales.
En el Perú existen más de 200 mil mineros informales e ilegales, según diversas estimaciones del sector, aunque las cifras varían de acuerdo con los registros oficiales y su vigencia. En el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) se llegó a contar originalmente con alrededor de 84 mil inscritos.
El problema minero es bastante complejo. Sin embargo, debemos advertir que falta una política minera integral, que abarque todos los aspectos de esta actividad y permita fortalecer la minería formal, que tributa y genera miles de puestos de trabajo. En contraste, la minería informal e ilegal puede provocar graves daños ambientales, propiciar la explotación laboral y ocasionar perjuicios irreversibles a la naturaleza.
Esta realidad es minimizada por numerosos legisladores y defensores de la informalidad, una actividad que continúa expandiéndose en distintas regiones del país.
Una de las muestras más preocupantes se produjo en Cajamarca, donde autoridades y sectores de la población se opusieron al proyecto Conga. Hoy, esta región continúa enfrentando elevados niveles de pobreza, mientras crece la preocupación por el avance de actividades mineras informales e ilegales.
La oposición al proyecto, encabezada políticamente en su momento por Gregorio Santos y otros dirigentes, marcó un episodio decisivo para la minería cajamarquina. Sin embargo, la situación actual exige examinar tanto las oportunidades de inversión desaprovechadas como los problemas sociales, ambientales e institucionales que persisten.
Resulta contradictorio que se haya rechazado un proyecto minero formal mientras se advierte el avance de actividades extractivas al margen de la legalidad en la región. Veremos qué pasa.