Jorge Farfán Estrada, abogado y exdirector general de Formalización Minera del MINEM, sostiene que la nueva Ley MAPE debe resolver el acceso a derechos mineros para evitar que el Reinfo siga siendo una salida temporal.
La formalización de la pequeña minería no avanzará mientras los trabajadores no tengan una vía clara para acceder a una concesión o a un contrato de explotación. Esta es la principal barrera que debe resolver la futura Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), pues estar inscrito en un registro no otorga derechos para desarrollar legalmente la actividad, explicó Jorge Farfán Estrada.
El abogado señaló que se requiere una concesión o un contrato válido sobre ella. A partir de ese derecho deben cumplirse otras condiciones, como contar con un instrumento de gestión ambiental, un plan de minado, permisos para el uso del agua y autorización para ocupar el terreno superficial, que pertenece a comunidades.
Un problema que trasciende a los mineros
Farfán recordó que la Ley 27651, aprobada en 2002, buscó impulsar la formalización de la pequeña minería, mientras que el empadronamiento que dio paso al Reinfo comenzó entre 2011 y 2012, por la expansión de la actividad ante el alza del oro. Sin embargo, advirtió que el mecanismo lleva alrededor de 14 o 15 años sin resolver el problema de fondo: el acceso a los derechos mineros.
El impacto no se limita a quienes extraen el mineral. El especialista estimó que entre 500.000 y 600.000 personas estarían vinculadas a esta actividad, incluidos quienes trabajan en transporte, alimentación, alojamiento y venta de maquinaria y repuestos. Por ello, sostuvo que una paralización afectaría economías locales como las de Camaná y Caravelí, donde distintos negocios dependen de esta cadena productiva.
Una salida antes que otra prórroga
Como alternativa, propuso evaluar mecanismos de Brasil y Colombia, donde existen permisos o acuerdos que permiten a pequeños operadores trabajar bajo condiciones determinadas en áreas con derechos mineros otorgados a terceros. A su juicio, una vía similar podría facilitar que más trabajadores operen legalmente.
También señaló que la trazabilidad debe permitir conocer el origen del mineral, dónde fue extraído, cómo se procesó y a quién se vendió. No obstante, insistió en que ese control será insuficiente si antes no se resuelve el acceso a una concesión o contrato. “Si no solucionamos el paso uno, no vamos a poder llegar a tener transparencia ni seguridad jurídica”, advirtió.
