El Parlamento peruano vuelve a mostrar su falta de responsabilidad y criterio en un tema crucial para el país: la formalización minera. En lugar de acelerar la aprobación de una nueva ley MAPE que diferencie claramente la minería artesanal formalizable de la minería ilegal altamente contaminante y dañina para las comunidades, los congresistas nuevamente están por optar por la irresponsable prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) hasta fines de 2026 o más. Esta extensión, auspiciada por la Comisión de Energía y Minas bajo la presidencia del congresista Víctor Cutipa, se propone sin las condiciones estructurales mínimas para garantizar un campo de juego justo o una verdadera fiscalización ambiental y jurídica.
La ampliación del REINFO, lejos de resolver, perpetúa los graves problemas que la minería informal e ilegal generan: inseguridad, violencia, destrucción ambiental, trata de personas y un desbordado desgobierno que contamina no solo el sector minero sino todas las instituciones que deberían controlar esta actividad. La bancada de Somos Perú, en franca contradicción con el discurso del gobierno de transición de José Jerí que promete enfrentar la violencia y extorsión, promueve estas prórrogas con fines puramente populistas, buscando réditos políticos a costa del daño al país.
Expertos y representantes del sector empresarial han sido claros: ampliar el REINFO sin fijar responsabilidades, sin supervisión ambiental centralizada ni control de explosivos, solo ahuyentará inversionistas y profundizará la informalidad, afectando la competitividad de Perú en un mercado internacional cada vez más exigente. La falta de avances reales en este registro de más de 12 años evidencia la incapacidad o desinterés de los legisladores para cambiar un sistema quebrado.
El debate en el Congreso debería concentrarse en debatir y aprobar la ley MAPE con reglas claras y efectivas, cerrando el proceso de formalización pendiente para miles de mineros artesanales, y desmantelando las mafias que explotan ilegalmente y contaminan sin control. La prórroga que buscó aprobar en una sesión convocada en Caravelí, Arequipa, escenario de protestas y amenazas, refleja la intención de presionar y dilatar el proceso con artimañas políticas, evidenciando un desprecio total por los procedimientos y por el Perú.
El país enfrenta enormes desafíos para la gobernanza minera y ambiental. La decisión de los congresistas que extienden el REINFO sin avances legales ni controles profundos es un retroceso que pone en riesgo la estabilidad jurídica, la inversión privada y la integridad territorial, manteniendo viva una bomba social y ecológica que requiere valentía política y compromiso real. Es urgente que el debate y la acción respondan a los intereses del país y no a oportunismos populistas y negociados políticos. Parece que el sentir de los legisladores populistas es mantener ese dicho: “a río revuelto, ganancia de pescadores de votos de la ilegalidad”.