- Chullo: el huayco que Ingemmet el 2023advirtió, pero autoridades y ciudad ignoraron
- Un informe técnico alertó sobre el alto riesgo de desborde en Yanahuara y Cayma
- Tres avalanchas de lodo después de lluvias en febrero confirmaron el peor escenario
TODO MINERÍA
Las lluvias de febrero de 2026 no sorprendieron a Arequipa; sorprendió la inacción. Tres desbordes consecutivos de lodo y barro —el jueves 19, el domingo 22 y el martes 24 de febrero— colapsaron urbanizaciones en Cayma y Yanahuara, paralizaron la ciudad y confirmaron lo que ya estaba advertido en documentos técnicos. El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) había evaluado el riesgo en 2023 en su informe “Evaluación de peligro geológico por lahares (huaycos) en el distrito de Yanahuara”, donde alertó con claridad los altos niveles de peligro ante un eventual desborde de la quebrada Chullo.
El estudio no fue una advertencia genérica. Incluyó simulaciones técnicas del comportamiento de flujos de lodo y detritos en la quebrada Chullo, identificando zonas de impacto directo, profundidad estimada de los flujos y áreas de acumulación de sedimentos. La modelación proyectó escenarios de desborde que afectarían tanto infraestructura pública como viviendas asentadas en la faja marginal y zonas aledañas. La conclusión fue inequívoca: el crecimiento urbano en la zona incrementaba la exposición y el riesgo.
SIMULACIÓN QUE ANTICIPÓ EL DESASTRE
El informe de Ingemmet detalló que, ante lluvias intensas y activación de la cuenca alta, la quebrada Chullo podía generar lahares con alta carga de sedimentos, capaces de superar defensas existentes y expandirse hacia áreas urbanizadas de Yanahuara y Cayma. La simulación mostró que el flujo podría alcanzar urbanizaciones consolidadas, vías principales y equipamientos urbanos, generando daños estructurales severos.
En febrero de 2026, la realidad replicó el modelo teórico. Tres eventos sucesivos de desborde cubrieron calles con lodo espeso, arrastraron vehículos, dañaron muros perimétricos y anegaron viviendas. Las imágenes de urbanizaciones parcialmente sepultadas confirmaron que el peligro no solo era probable, sino recurrente.
El informe también advertía que la ocupación progresiva de las zonas de abanico aluvial y la falta de mantenimiento y ampliación de las obras de encauzamiento incrementaban la vulnerabilidad. La simulación proyectaba espesores significativos de sedimento en áreas habitadas, lo que implicaba no solo inundación superficial, sino acumulación de material capaz de comprometer cimientos y estructuras.
POBLACIÓN ZONA CRÍTICA
Uno de los aportes centrales del estudio fue la identificación de población e infraestructura en riesgo. Se señalaban viviendas, vías de alto tránsito, redes de servicios básicos y equipamientos públicos ubicados dentro del radio de impacto potencial. La advertencia incluía la posibilidad de interrupción de servicios de agua potable, energía eléctrica y tránsito vehicular, escenarios que se materializaron durante los días críticos de febrero.
El desborde no solo afectó inmuebles privados; paralizó la dinámica urbana. Calles estratégicas quedaron bloqueadas, generando caos vehicular y aislamiento temporal de sectores residenciales. La afectación a redes de servicios evidenció la interdependencia entre infraestructura crítica y gestión del territorio.
Desde una mirada crítica, la pregunta es inevitable: ¿por qué un informe técnico detallado no derivó en intervenciones preventivas proporcionales al riesgo identificado? La brecha entre diagnóstico y acción vuelve a aparecer como uno de los mayores problemas estructurales de la gestión pública regional y municipal.
CONCLUSIONES IGNORADAS
El informe de 2023 no se limitó a describir peligros; formuló recomendaciones concretas. Entre ellas, la necesidad de implementar medidas estructurales de mitigación, reforzar y ampliar defensas ribereñas, evitar nuevas ocupaciones en zonas de alto peligro y fortalecer sistemas de monitoreo y alerta temprana. También recomendaba incorporar la información técnica en instrumentos de planificación urbana y en la toma de decisiones municipales.
Sin embargo, los tres desbordes de febrero evidencian que estas recomendaciones no se ejecutaron en la magnitud requerida. La expansión urbana continuó, las intervenciones fueron parciales y el mantenimiento de cauces no alcanzó estándares preventivos suficientes.
El enfoque reflexivo obliga a reconocer que el riesgo no es solo natural, sino socialmente construido. Las lluvias intensas activaron la quebrada, pero la magnitud del impacto estuvo determinada por decisiones previas: permitir asentamientos en zonas expuestas, no actualizar planes urbanos con base en estudios geológicos y postergar inversiones en infraestructura de contención.
POLÍTICA PÚBLICA
La experiencia de la torrentera Chullo revela una falla sistémica: los estudios especializados no siempre se integran a la planificación territorial vinculante. Ingemmet cumplió su rol técnico al identificar el peligro y simular escenarios. Corresponde a las autoridades convertir esa información en ordenanzas, restricciones de uso de suelo y obras concretas.
Desde una perspectiva propositiva, la ciudad necesita institucionalizar la gestión del riesgo como eje transversal del desarrollo urbano. Ello implica actualizar planes de desarrollo metropolitano incorporando mapas de peligros geológicos, establecer zonas intangibles donde no se permita edificación y ejecutar obras de encauzamiento dimensionadas a escenarios extremos.
Asimismo, se requiere fortalecer sistemas de alerta temprana y protocolos de evacuación basados en simulaciones como las realizadas por Ingemmet. La articulación entre entidades técnicas, municipalidades y gobierno regional debe traducirse en decisiones coordinadas y sostenidas en el tiempo.
La tragedia de febrero no fue imprevisible. Fue, en gran medida, la confirmación de un escenario modelado tres años antes. Las urbanizaciones afectadas en Cayma y Yanahuara no estaban fuera del mapa de riesgo; estaban dentro de él.
Arequipa enfrenta hoy una disyuntiva histórica. Puede asumir que los informes técnicos son herramientas vinculantes para la acción o seguir acumulando diagnósticos que se activan solo cuando el lodo ya cubre las calles.
