El reciente operativo ejecutado en la Reserva Paisajística Subcuenca de Cotahuasi, en la provincia de La Unión, representa mucho más que una intervención puntual contra campamentos clandestinos. Es una señal de que el Estado todavía puede reaccionar frente al avance descontrolado de la minería ilegal, una actividad que viene destruyendo ecosistemas, debilitando la autoridad y fortaleciendo redes vinculadas al crimen organizado en varias provincias de Arequipa.
La intervención liderada por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, bajo la conducción de la fiscal Carolina Cáceres Zúñiga, merece reconocimiento. No era una tarea sencilla. Llegar hasta Ñecceta, en Pampamarca, a casi cinco mil metros de altura, exigió logística, decisión y valentía. Allí, en una zona natural protegida, fueron destruidas siete bocaminas ilegales y se incautaron herramientas, motores y mineral aurífero listo para ingresar a una cadena comercial clandestina que mueve millones al margen de la ley.
Lo ocurrido en Cotahuasi confirma una verdad incómoda: la minería ilegal ya no es una actividad artesanal aislada, sino una estructura organizada que invade reservas naturales, quebradas y cabeceras de cuenca sin ningún respeto por el medio ambiente ni por las comunidades. Lo mismo ocurre en la quebrada del valle de Ocoña, en Caravelí, Condesuyos y otras zonas donde el número de ilegales creció peligrosamente en los últimos meses.
Parte del problema radica en el irresponsable discurso de ciertos políticos, varios de ellos próximos integrantes del Congreso, quienes ofrecen a los mineros informales permanecer en la ilegalidad bajo el falso argumento de defender el trabajo artesanal. Ese mensaje solo fortalece mafias, fomenta invasiones y posterga la verdadera solución: la formalización.
El Legislativo tiene hoy una enorme responsabilidad histórica. El país necesita leyes claras, viables y realistas que permitan incorporar a miles de pequeños mineros al circuito formal, con obligaciones tributarias, controles ambientales y reglas laborales estrictas. Formalizar no significa perseguir indiscriminadamente; significa ordenar, supervisar y convertir una actividad caótica en una fuente legítima de desarrollo.
Pero también se requiere decisión política y presupuesto. La propia Gerencia Regional de Energía y Minas ha reconocido limitaciones operativas para fiscalizar adecuadamente. Sin recursos, personal técnico y presencia permanente del Estado, el problema seguirá expandiéndose.
Arequipa es una región minera y debe seguir siéndolo, pero bajo principios de responsabilidad ambiental y beneficio colectivo. La minería formal genera empleo, canon y desarrollo; la ilegal deja contaminación, violencia y destrucción.
El operativo en Cotahuasi demuestra que todavía es posible recuperar territorios tomados por la ilegalidad. Ahora corresponde mantener esa línea, fortalecer el trabajo coordinado entre Fiscalía, Policía y autoridades regionales, y avanzar decididamente hacia una formalización seria. El futuro de nuestras reservas naturales y de miles de familias depende de ello.