Gobernador de Arequipa plantea una política integral que incluya inteligencia financiera, fiscalización y formalización
TODO MINERÍA
En un contexto de creciente preocupación por el avance de las economías ilegales en el país, el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, advirtió que la minería ilegal ya no puede ser tratada solo como un problema ambiental o productivo, sino como una expresión directa del crimen organizado que erosiona la seguridad ciudadana, debilita las instituciones y desplaza la economía formal en diversos territorios del Perú.
Su intervención se dio durante el SIMPOSIO – XVI Encuentro Internacional de Minería, organizado en Lima por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
EXPANSIÓN DEL CRIMEN ECONÓMICO
Sánchez sostuvo que la expansión de estas actividades ilícitas ocurre en zonas donde el Estado no logra consolidar presencia efectiva ni articular políticas sostenidas de desarrollo. Señaló que las regiones asumen las consecuencias del problema, pero enfrentan serias limitaciones debido a que las competencias en materia de control, formalización, inteligencia financiera y persecución penal permanecen concentradas en el gobierno central.
El gobernador planteó la necesidad de redefinir con claridad las funciones entre niveles de gobierno, acompañadas de presupuesto, personal técnico y capacidad operativa en el territorio. “Cuando los ciudadanos sienten que la autoridad no puede protegerlos, dejan de confiar en las instituciones”, enfatizó, al remarcar que la transparencia en la gestión pública y privada es clave para recuperar la legitimidad del Estado.
El panel fue moderado por Jessica Vásquez, presidenta del Comité de Derechos Humanos de la SNMPE y gerente de Sostenibilidad en Minsur, con la participación de Jane Anttila, jefa de la Misión Técnica en el Perú de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Marcelina Angulo, defensora de derechos humanos del Comité de Gestión del Área de Conservación Regional Pintuyacu, Chambira y Alto Nanay; Paulo Vilca, politólogo del Instituto de Estudios Peruanos; y Rohel Sánchez, gobernador de Arequipa.
Los especialistas internacionales y representantes de derechos humanos, coincidieron en que la minería ilegal opera dentro de cadenas económicas globales que incluyen compradores, refinadoras y mercados financieros, lo que complejiza su combate y exige estrategias multilaterales.
PARQUE MINERO DE CHAPARRA
Como respuesta concreta, el gobierno regional presentó el Parque Minero Metalúrgico de Chaparra, iniciativa que busca ordenar y formalizar la actividad de más de 15 mil mineros artesanales en las zonas de Chaparra, Ático, Caravelí, Camaná y Condesuyos. El proyecto permitirá el procesamiento de minerales en instalaciones formales, bajo estándares ambientales, de seguridad y con mecanismos de compensación justa.
Durante su exposición, Sánchez destacó avances de su gestión, como la formalización de 223 concesiones mineras, la capacitación de más de 1,330 mineros en seguridad y normativa, y el fortalecimiento de capacidades de más de 3,200 ciudadanos en energía y recursos naturales.
El debate también incluyó el análisis de la debida diligencia en la cadena de suministro mineral y la necesidad de trazabilidad completa desde la extracción hasta la comercialización internacional, como mecanismo para reducir espacios de ilegalidad.
GOBERNANZA NACIONAL
El encuentro dejó en evidencia que el combate a la minería ilegal requiere algo más que acciones de interdicción: demanda una estrategia de gobernanza integral, coordinación política sostenida y compromiso multisectorial. En ese escenario, Arequipa busca posicionarse como un modelo de transición hacia la formalización minera, con el reto de equilibrar desarrollo económico, sostenibilidad ambiental y seguridad territorial.
