TODO MINERIA
En la sala del Colegiado Penal de Camaná, el silencio no fue solo una formalidad judicial. Fue, en cierto modo, el eco de una tragedia que todavía pesa sobre la provincia de Caravelí. Allí, tras años de investigación, audiencias extensas y pruebas que reconstruyeron minuto a minuto el horror, 22 personas fueron condenadas por los enfrentamientos armados ocurridos en Ático en junio de 2022. Una disputa por oro que terminó convertida en una de las masacres más sangrientas vinculadas a la minería informal en el sur del Perú.
El fallo no solo cierra un expediente judicial. Abre, nuevamente, una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando el Estado llega tarde a territorios donde el oro vale más que la vida?
La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Arequipa logró acreditar que los hechos no fueron un estallido espontáneo de violencia, sino una confrontación estructurada entre dos organizaciones: Atico Calpa y Calpa Renace. Ambas facciones se enfrentaron por el control de zonas auríferas en el sector Huanaquita, en un escenario donde la informalidad minera y la ausencia de control efectivo crearon el terreno perfecto para la tragedia.
EL DÍA EN QUE EL ORO SE CONVIRTIÓ EN GUERRA
El 2 de junio de 2022 quedó marcado como un punto de quiebre. Lo que inició como una disputa territorial derivó en un enfrentamiento armado de gran escala. De acuerdo con la investigación fiscal, se utilizaron armas de fuego de corto y largo alcance, emboscadas planificadas y ataques directos en distintos puntos del área minera.
El saldo fue devastador: 14 personas fallecidas. Siete murieron tras ser acribilladas en el mismo escenario del enfrentamiento, mientras otras siete fueron halladas en el fondo de un barranco conocido como “La Cascada”, imagen que se convirtió en símbolo de la violencia desatada por el control del mineral.
El tribunal concluyó que no se trató de hechos aislados, sino de una operación violenta con participación de dirigentes, mandos intermedios y ejecutores materiales. Esa estructura permitió sustentar las condenas por homicidio, tentativa de homicidio, usurpación agravada y tenencia ilegal de armas.
UN JUICIO LARGO, UNA VERDAD COMPLEJA
El proceso judicial, iniciado en septiembre de 2025, se convirtió en uno de los más complejos de la región. La sala evaluó pericias balísticas, análisis forenses, registros de comunicaciones, testimonios de testigos protegidos y la declaración de un colaborador eficaz. Cada prueba reconstruía fragmentos de una historia donde la ambición y la ilegalidad avanzaron más rápido que la institucionalidad.
Las penas alcanzan hasta 12 años de prisión efectiva para los principales responsables, identificados como dirigentes y financistas de una de las facciones. Otros implicados recibieron condenas menores y algunos obtuvieron penas suspendidas. Tres acusados fueron absueltos, mientras el Ministerio Público evalúa una eventual apelación.
Pero más allá de las cifras judiciales, el caso deja una reflexión más profunda. Ático no es solo un expediente cerrado: es una advertencia abierta. La minería ilegal, cuando se infiltra en concesiones formales o convive en sus márgenes, no solo disputa territorio. También erosiona el tejido social, convierte comunidades en frentes de batalla y transforma el subsuelo en motivo de muerte.
Hoy, mientras la sentencia intenta ordenar lo que la violencia desbordó, queda la sensación de que la verdadera condena no es solo la que dictó el tribunal, sino la que sigue escribiéndose en los territorios donde el oro continúa siendo sinónimo de conflicto, silencio y ausencia del Estado.
