La biodiversidad, ya no solo se considera una variable ambiental, empieza a posicionarse como un determinante de riesgos, inversión y acceso al financiamiento.
Desde el ámbito global la TNFD (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures) propone que las empresas detecten y declaren sus dependencias, impactos, riesgos y oportunidades relacionados con la naturaleza. Hasta el año 2026, había más de 1000 organizaciones distribuidas en 56 países que han publicado informes a partir de sus recomendaciones.
El ISSB ha ido mostrando su propuesta en consulta específica de revelaciones relacionadas con la naturaleza para dar cuenta de las necesidades de los inversores.
En Latinoamérica, México también ha ido avanzando en esta dirección. Su Secretaría de Hacienda ha propuesto que se consideren en su Taxonomía Sostenible la conservación, la restauración y el uso sostenible de la biodiversidad con criterios técnicos para cerca de 30 actividades económicas.
Perú comienza su trayectoria en la construcción de este camino. En el 2025 formalizó la creación de la Comisión Multisectorial para la elaboración de una Taxonomía de Finanzas Verdes y en el 2026 incorporó bonos de naturaleza a su nuevo Marco de Bonos Sostenibles.
En la minería el siguiente paso será profundizar la integración de la biodiversidad en la evaluación financiera y en la evaluación de las estrategias de los proyectos; es decir, de la debida diligencia ambiental a una gestión explícita de riesgos, dependencias y oportunidades relacionadas con la naturaleza. Para lo cual queremos decir: mejores líneas bases, que se puedan identificar dependencias e impactos sobre los ecosistemas, que hay que definir medidas de prevención y restauración y que hay que demostrar con evidencia cómo se gestionan esos riesgos.
La biodiversidad empieza a formar parte de un debate más completo acerca de la sostenibilidad de la financiación. Un buen manejo de la naturaleza puede contribuir a la reducción de riesgos y dar cuerpo a la trazabilidad medioambiental que reciben los inversores y las entidades de financiación.
El reto será pasar de un compromiso declarativo a criterios medibles, verificables y comparables. La diferencia radicará ahí entre una afirmación sostenible y una gestión capaz de sostenerse frente al escrutinio financiero.