Expertos de Perú y Chile alertan que burocracia no permite cambios en sector y señalan que hay hasta 197 procedimientos habilitantes, contratos de explotación pendientes y controles insuficientes mantienen atrapados a miles de pequeños mineros, mientras ilegales aprovechan las brechas de trazabilidad
La excesiva burocracia, la falta de contratos de explotación y las deficiencias en la trazabilidad del mineral mantienen estancada la formalización minera en el Perú, mientras la minería ilegal encuentra espacios para infiltrarse en las cadenas de comercialización. Esta problemática concentró el debate internacional del II Congreso Internacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (CONIMAPE 2026), realizado en Arequipa, donde especialistas plantearon reformas regulatorias, controles financieros y nuevas tecnologías para fortalecer una actividad con importante impacto económico y social.
Durante la mesa de diálogo De la informalidad hacia una minería formal, segura, productiva y sostenible, participaron Óscar Cavero Revolledo, vicepresidente de Operaciones de CAV Mining; Betsabeth Obando Flores, especialista chilena de Minerva Crime/Compliance; y Luciano Taco Prado, presidente del Capítulo de Ingeniería de Minas del Colegio de Ingenieros de Arequipa.
Los especialistas coincidieron en que la formalización debe superar la regularización documental y facilitar operaciones competitivas, ambientalmente responsables y sujetas a mecanismos efectivos de fiscalización.
BUROCRACIA Y CONTRATOS FRENAN LA FORMALIZACIÓN
Óscar Cavero advirtió que la dispersión normativa constituye uno de los principales obstáculos para incorporar pequeños productores al sistema legal.
Durante su intervención, sostuvo que el universo vinculado a esta actividad alcanzaría aproximadamente 700 mil mineros, según las cifras que expuso. También señaló que el incremento de los precios internacionales del oro y cobre viene estimulando la incorporación de nuevos productores, aumentando la presión sobre los procedimientos de formalización.
Cavero explicó que los trámites involucran numerosas entidades públicas con requisitos diferentes, situación que incrementa costos y prolonga los plazos de autorización.
Como referencia, sostuvo que una operación minera mediana o grande puede demorar aproximadamente dos años y medio en obtener determinadas autorizaciones de explotación en el Perú, frente a plazos considerablemente menores en Canadá.
Frente a este escenario, propuso implementar una ventanilla única minera que permita integrar hasta 197 procedimientos habilitantes y simplificar las exigencias administrativas.
Otro obstáculo corresponde a los contratos de explotación. Numerosos pequeños productores trabajan en concesiones pertenecientes a terceros y encuentran dificultades para obtener acuerdos que permitan regularizar sus operaciones.
El especialista consideró necesario revisar las responsabilidades ambientales y contractuales para establecer obligaciones claras entre titulares y operadores.
Una de sus advertencias más relevantes estuvo relacionada con las plantas de procesamiento. Según las cifras presentadas por Cavero, en el Perú existirían aproximadamente 112 plantas formales frente a 1.200 informales, diferencia que evidencia, de acuerdo con su exposición, importantes desafíos de fiscalización, trazabilidad y control ambiental.
Advirtió que estas brechas pueden facilitar operaciones comerciales irregulares y riesgos vinculados con el lavado de activos y la comercialización de minerales de procedencia ilícita.
También propuso impulsar tecnologías de recuperación más limpias, capacitación especializada, acceso al financiamiento y fortalecimiento de las direcciones regionales de minería.
TRAZABILIDAD PARA CERRAR ESPACIOS A LA ILEGALIDAD
Desde la experiencia chilena, Betsabeth Obando Flores sostuvo que la trazabilidad minera debe convertirse en una herramienta fundamental para impedir que minerales procedentes de actividades ilícitas ingresen a circuitos comerciales formales.
La especialista destacó la importancia de implementar sistemas de cumplimiento normativo, auditorías, identificación de riesgos y mecanismos de debida diligencia aplicables a toda la cadena de suministro.
También recomendó adoptar estándares internacionales de gestión, fortalecer la capacitación y desarrollar controles internos que permitan identificar operaciones sospechosas y reducir riesgos vinculados con el crimen organizado.
Obando subrayó que la formalización no depende exclusivamente de las autoridades. Las empresas y productores también deben asumir compromisos verificables de transparencia, gobernanza y cumplimiento.
Por su parte, Luciano Taco Prado cuestionó la lentitud de los procedimientos y señaló que, desde su perspectiva, el proceso perdió dinamismo tras la transferencia de responsabilidades de formalización desde los gobiernos regionales hacia el nivel central.
El dirigente planteó recuperar la confianza de los productores mediante asesoramiento técnico, información accesible y respuestas administrativas oportunas.
También exhortó a diferenciar a quienes buscan regularizar sus operaciones de aquellos involucrados en actividades ilícitas.
El debate concluyó con un planteamiento compartido: simplificar los trámites sin debilitar los controles ambientales, financieros y de seguridad, para convertir la formalización en una vía efectiva de productividad, inversión y desarrollo regional.
