La tragedia en Pataz hace cuatro meses, donde 13 mineros perdieron la vida, no fue un evento aislado; fue el grito desgarrador de una herida que desangra al Perú en silencio. Es la punta del iceberg de una criminalidad organizada que ha convertido vastas regiones de nuestro país en tierra de nadie, donde el brillo del oro se paga con sangre y la vida humana tiene un valor ínfimo. Lo que sucede en La Libertad es un eco de las realidades de La Rinconada en Puno, de Caravelí y Condesuyos en Arequipa, y ahora, de forma alarmante, de un nuevo corredor criminal que se expande por Cajamarca y la Amazonía.
Estos no son simplemente «mineros informales»; son ejércitos del crimen que operan con total impunidad, como lo advierten autoridades y dirigentes cajamarquinos. Su avance es una metástasis alimentada por la complicidad y la inacción. ¿Cómo es posible que maquinaria pesada y explosivos crucen fronteras provinciales sin control? La respuesta es tan dolorosa como evidente: la corrupción ha permeado las estructuras que deberían protegernos. Mientras tanto, estas mafias compran lealtades financiando fiestas y obras menores, una estrategia perversa para enraizarse en el tejido social que abandonó el Estado.
El resultado es una espiral de violencia. Las rondas campesinas, guardianes históricos de sus comunidades, se ven forzadas a tomar las armas para enfrentar extorsiones y amenazas, un síntoma inequívoco del fracaso del Estado en su deber más básico: garantizar seguridad. Y en medio de este caos, yacen los «muertos silenciosos». No existen cifras oficiales, solo el conteo sombrío de los ronderos que estiman más de cien vidas perdidas entre derrumbes, enfrentamientos y accidentes como el de los dos jóvenes asfixiados en una bocamina de Araqueda. Son muertes que no generan titulares nacionales, pero que dejan un rastro de orfandad y miedo.
Es imperativo actuar con la contundencia que la crisis exige. El REINFO (Registro Integral de Formalización Minera) se ha convertido en un escudo para la ilegalidad y debe ser eliminado para dar paso a un proceso de formalización real, estricto y con acompañamiento técnico, pese al populismo de ciertos legisladores y que ahora incluso viene desde la Comisión de Economía. Las intervenciones conjuntas de la Fiscalía y las fuerzas del orden no pueden ser esporádicas; deben ser sostenidas y estratégicas para desmantelar las redes criminales desde sus cabecillas hasta sus cómplices en el poder. No podemos permitir que el brillo del oro ilegal siga opacando el valor de la vida y el futuro de nuestras regiones.