Autodema en comunicado señala que espera decisión de peritos por Pájaro Bobo

Tal como informó Todo Minería en su edición del 7 de setiembre, una batalla campal en los tribunales tiene en vilo el futuro de Arequipa y de uno de los proyectos energéticos más ambiciosos de Sudamérica. El Fundo Pájaro Bobo, un extenso terreno en la región, es el epicentro de un enfrentamiento legal entre el Proyecto Especial Integral Majes Siguas (Autodema) y la empresa Inversiones Signus. En juego no solo están miles de hectáreas, sino una mega inversión privada de US$ 11,500 millones destinada a producir hidrógeno verde, el llamado combustible del futuro.

La mecha de este conflicto se encendió con una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que, lejos de apagar el fuego, parece haberlo avivado. El fallo reconoce el derecho de propiedad de Signus sobre 49,735 hectáreas del fundo, según consta en su partida registral. Sin embargo, el diablo está en los detalles: la resolución no define los límites exactos del terreno. Esta tarea crucial quedó en manos del Juzgado Constitucional de Arequipa, que debe designar peritos para que realicen la delimitación final, un proceso que sigue entrampado.

SE PRONUNCIA

Desde Autodema, la entidad pública encargada de los terrenos del proyecto Majes Siguas, la postura es firme. En un comunicado reciente, refieren que Inversiones Signus reclama irregularmente una extensión mayor a la reconocida por el TC, calculada en 51,085 hectáreas. La denuncia más grave es que, presuntamente, asociaciones vinculadas a la empresa ya estarían vendiendo y disponiendo de terrenos que aún se encuentran en disputa legal.

«Hemos cumplido con nuestro deber de proteger la propiedad estatal», aseguran desde Autodema, haciendo un llamado a la calma y a esperar la decisión final del juez para garantizar la transparencia y proteger los bienes públicos.

LO QUE RECLAMA

Al otro lado de la trinchera, la versión es diametralmente opuesta. Hace diez días, Claudio Gazzolo, representante de Signus, tras acudir hasta el Juzgado Constitucional, alertó en conferencia de prensa que la «falta de ejecución» de la sentencia por parte de Autodema está poniendo en grave riesgo el proyecto de hidrógeno verde.

Según Gazzolo, la entidad pública se niega a acatar el fallo del máximo intérprete de la Constitución, generando una incertidumbre que ahuyenta la millonaria inversión.

El proyecto de Signus busca convertir 10,400 hectáreas del fundo en un polo de desarrollo energético, aprovechando la excepcional radiación solar del sur peruano, considerada la mejor del mundo junto con la del norte de Chile. La iniciativa contempla transformar esta energía solar en electricidad renovable para producir hidrógeno verde, destinado tanto al consumo local como a la exportación. «El sur peruano podría convertirse en un referente energético global, pero esta parálisis en el Poder Judicial lo impide», sentenció Gazzolo.

La pelota está ahora en la cancha del Juzgado Constitucional de Arequipa. Mientras la delimitación final sigue pendiente, la tensión entre ambas partes crece. Autodema pide a la sociedad mantenerse vigilante y confiar en la vía jurídica, mientras Signus presiona para que se cumpla un fallo que considera claro. En medio, un proyecto que promete revolucionar la matriz energética del país y atraer una inversión sin precedentes espera una definición que parece no llegar.

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