Por Manuel Gago
Después de los noventa y con la Constitución de 1993 en la mano no hay intentos por reformular el Estado; todo lo contrario, de 800 mil empleados públicos antes del 2000 a un millón 600 mil en la actualidad, siendo lo peor: un 62% del presupuesto nacional destinado al gasto corriente, para pagar planillas. Si esta situación continúa el futuro del país seguirá incierto.
Las reformas de segunda generación, las que se dejaron de hacer después de los noventa, servirán para el despegue nacional. La reforma del Estado, es una de ellas; reducir su tamaño y hacerlo eficiente. Poner el mérito del burócrata por encima del pariente, amigo y partidario recomendados. La tarea urgente es la reducción de ministerios y privatización de empresas públicas como Petroperú, en la práctica quebrada, Corpac y, entre otras, las de agua potable y alcantarillado, por ofrecer pésimos servicios.
Volver a la simplificación administrativa experimentada en los noventas para reducir el número, la complejidad y el tiempo destinado a los trámites. Considerar el silencio administrativo y la ventana única para obtener licencias y permisos necesarios para abrir un pequeño negocio o iniciar proyectos mineros, petroleros y otros. El objetivo es agilizar los trámites. Mientras menos manos “revisen” expedientes, menos margen de acción para las mafias enquistadas en el sector público. Los proyectos no pueden ser gestionados en distintas oficinas sin tener vínculo alguno con la actividad productiva en cuestión. 200 trámites durante cuatro o cinco años para iniciar un proyecto minero espantan a las inversiones. Y para colmo, sin que el Estado otorgue garantías para su ejecución.
La sensatez debe imponerse en la administración pública. La construcción de carreteras y obras públicas no pueden estar sujetas a la “opinión” popular que, como sabemos, no practica el buen sentido. Durante los últimos 25 años se permitió el avance de políticas progresistas destinadas a deformar la mentalidad de la población.
La Conferencia Anual de Ejecutivos y los debates presidenciales no interesan porque los líderes no hacen vida partidaria y gremial, no se inclinan por los debates ideológicos, contraste de ideas y, sobre todo, el intento de interpretar el sentir de las mayorías. Devolverles independencia a los partidos políticos. Deshacer las normas que las atan al Estado, empezando con los presupuestos destinados que son fuente de corrupción. ¿A cuenta de qué los tributos deben sostener a los partidos políticos que no son de las simpatías de la mayoría?
La población está acostumbrada al ingreso medio. No aspira a más. Su ambición ha sido limitada a lo visto: mediocridad educativa, servicios públicos de mala calidad, ausencia de trenes, puentes aéreos, carreteras, pistas asfaltadas, transporte público cómodo, seguro y rápido. Es decir, la ramplonería venció hasta al más pintado. La falta de seguridad médica y jubilación muestra cuán deteriorado está el país. Un 70% de la población dedicada a la informalidad, habiendo muchísimas posibilidades, es una clara intromisión de la mala política en la economía. Además de visión y conocimiento, hace falta valentía para enfrentar los males nacionales. La cobardía es parte del deterioro nacional, no conduce hacia ese porvenir ansiado que es mucho más de lo que se ve. (Imagen: IA)