Manuel Gago
Rafael López Aliaga pone en debate el tema. No es la primera vez que oímos sobre la trazabilidad en los predios mineros. En 2016, durante la gestión de Ollanta Humala, Daniel Urresti destruyó con explosivos maquinaria de la minería ilegal en diversos lugares del Amazonas. Por entonces, surgieron propuestas para detener los estragos hechos al medioambiente sin avizorar el crecimiento desbordado de asaltantes apropiándose de yacimientos y las ganancias por encima del narcotráfico obtenidas por el contrabando de oro.
Se decía que en la costa estaban detectadas numerosas procesadoras de concentrados de minerales y que allí debían estar focalizados los controles. No es complicado hacerles seguimientos a los camiones cargados de concentrados minerales hacia esas plantas procesadoras. La policía y las autoridades mineras sabrán donde están. La idea es bloquear el último proceso de producción minera ilegal. Detener el producto final antes de ingresar al mercado de manera ilegal; hacer lo experimentado con la madera talada y procesada ilegalmente para después ser contrabandeada. En los puertos del mundo, la madera es inmovilizada si su origen no está correctamente certificado. Las investigaciones involucran al exportador e importador de la madera intervenida.
Sobre la minería ilegal existen posiciones encontradas. La izquierda se opone al actual sistema de concesiones. Los congresistas Guido Bellido y Roberto Sánchez son férreos opositores de la gran minería. Por esta minería detestada por la izquierda, desde la década de los noventas, más de US$60,000 millones fueron invertidos. Entregaron al país divisas, canon, regalías y numerosos impuestos. Transformaron la zona andina, hizo surgir la llamada clase media rural. Los grandes resultados son los 1.5 millones de puestos de trabajo, directos e indirectos, y la reducción de pobreza, del 60% al 20% hasta poco después de la gestión de Humala.
Pero también es cierta la otra cara de la moneda. Los yacimientos denunciados por pequeños exploradores terminan en las manos de grandes inversionistas. Esos pequeños exploradores no tienen capacidad para hacer andar lo encontrado y tampoco para pagar los derechos de mantenimiento de concesión. Esos hallazgos denunciados terminan en las manos de mineros informales e ilegales, sea por acuerdos entre el titular del yacimiento y el trabajador minero, y sea de manera violenta.
Son pocos, casi nada, los pequeños mineros que han logrado cumplir los trámites de formalización exigidos como si todos fueran grandes productores. Los requisitos sirven más para impedir que para impulsar la formalización. La gran pregunta es la misma: ¿qué hacer? A nuestro entender, simplificar todo lo posible y hacer de la burocracia pública una locomotora y no una piedra de tropiezo. Transformar el Estado, hacer que la competitividad y eficacia prevalezcan al margen de la corrupción. ¿Suena ingenuo y utópico?
Se especula con el número de pequeños mineros, muchos de ellos en etapa artesanal, como son los pequeños productores agrícolas con parcelas de dos o tres hectáreas –agricultura familiar o de subsistencia–, sembrando y cosechando para los pequeños mercados locales. Es necesario distinguir la capacidad y el radio de acción de los pequeños mineros para ofrecerles posibilidades antes de empujarlos hacia la ilegalidad y criminalidad.