Martín Rodríguez – Abogado Constitucionalista
La actuación administrativa pronta y oportuna en general, y para los proyectos mineros formales en particular, son acciones positivas siempre que la autoridad actúe de manera rápida y eficaz -sin descuidar sus obligaciones y actuando con la diligencia debida, claro está, respetando los principios de legalidad y de informalismo contenidos en el artículo IV del Título Preliminar de la ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General- siendo algo que aplaudimos e incentivamos para un dinamismo en el sector.
Así, Silvia Cuba, presidenta del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, SENACE, en recientes declaraciones a la prensa, informó que la institución pública tiene la consigna de reducir los tiempos para atender solicitudes de impacto ambiental presentadas por empresas mineras formales, teniendo que, para el cierre del presente año 2025, se cerrará con un récord de 20 000 millones de dólares en expedientes viabilizados (un dato no menor es que, más del 80% de las solicitudes, son relacionados a proyectos mineros).
En ese sentido, Cuba reconoció que la entidad, la cual ella dirige desde agosto del 2024, ha tenido demoras en la atención de las solicitudes descritas, siendo que hasta el 2024, el SENACE aprobaba un estudio de impacto ambiental para la minería, en un plazo promedio de 400 días hábiles. Hoy en día, el plazo es de 300 días hábiles, siendo que para el 2026, se tiene la meta de llegar a los 160 o 150 días hábiles.
Siendo así las cosas, reiteramos que nos parece correcto que el organismo público dedique más esfuerzo en estudiar las solicitudes, pero no significando que no deba realizarse un estudio minucioso de cada caso, habida cuenta que la minería formal tiene la obligación de resguardar el medio ambiente -se ha visto que ambos aspectos, si se actúa con responsabilidad y legalidad, pueden perfectamente coexistir.
Dicha celeridad, estamos seguros, incentivará las inversiones mineras y seguirá dando condiciones adecuadas para el desarrollo minero, tan necesario en el país. La simplificación administrativa es también necesario y útil, no solamente para el sector minero, sino para el rol de la administración pública en general. Bien por el SENACE.