Para verificar obligaciones ambientales de minera Aruntani
La contaminación de los ríos Titire y Coralaque, en la región de Moquegua, es un problema ambiental y social que afecta desde hace años a las comunidades campesinas, la biodiversidad y la agricultura local. Estudios y denuncias de pobladores responsabilizan principalmente a la minera Florencia Tucari, operada por la empresa Aruntani SAC, ubicada en las alturas de la cuenca.
Esta minera habría ocasionado la presencia de metales pesados como arsénico, cobre, hierro y zinc en las aguas, evidenciado en drásticos cambios de coloración amarilla y naranja en los ríos, consecuencia del arrastre de residuos mineros y lixiviados.
El daño ambiental ha provocado la muerte masiva de especies acuáticas, como truchas y camarones, degrada la calidad del agua hasta hacerla no apta para consumo humano, ganadero y agrícola, generando riesgos para la salud y la seguridad alimentaria.
Además, la contaminación afecta la defensa ribereña y grava la tradicional actividad agrícola de provincias como Mariscal Nieto, General Sánchez Cerro y la vecina región Arequipa, donde el río Tambo recibe las aguas contaminadas.
Frente a esta situación, la Contraloría General de la República, junto con el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), ha intensificado las inspecciones para verificar el cumplimiento de obligaciones ambientales por parte de la minera y ejecutar las sanciones correspondientes. Sin embargo, persiste la deficiencia en la medición de calidad ambiental, debido a la avería de equipos claves, que limita el monitoreo constante del aire y agua en zonas afectadas.
El Gobierno Central declaró estado de emergencia y prorrogó por 60 días más la medida para desplegar mecanismos de respuesta y rehabilitación en los distritos afectados, pero comunidades y organizaciones sociales exigen soluciones más contundentes y la remediación efectiva de los cursos hídricos y ecosistemas dañados.
Este conflicto ambiental es un ejemplo de los retos que enfrenta Perú en la gestión responsable de sus recursos naturales frente a la presión de actividades extractivas, resaltando la necesidad de fortalecer la gobernanza ambiental y la participación comunitaria para proteger el patrimonio natural y la salud pública.