Vicepresidente del IIMP prevé que crecimiento del sector alcanzaría 10%
El corazón de los Andes late con una fuerza que no se sentía en una década. El Perú, históricamente un bastión de la minería global, se encuentra en el umbral de una bonanza de capitales sin precedentes. Según las proyecciones más recientes, el flujo de inversión minera escalará hasta los US$ 6,400 millones en 2026, marcando un crecimiento del 10% y consolidándose como el nivel más alto de los últimos diez años. Sin embargo, este resplandor económico proyecta una sombra larga y densa: el avance imparable de la minería ilegal del oro.
Las cifras del 2025 ya anticipan este «superciclo» de inversiones. Entre enero y septiembre del año pasado, el sector acumuló US$ 3,909 millones, un salto del 15,3% respecto al periodo anterior. El mes de septiembre, con una inyección de US$ 550 millones, se convirtió en el punto de inflexión que confirmó el apetito de los inversores.
Lo que más entusiasma a los expertos es el dinamismo en exploración. Con US$ 527 millones invertidos y un crecimiento interanual del 34,5%, queda claro que el mundo sigue confiando en el potencial geológico peruano. Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), sostiene que esta confianza es la base para un desarrollo regional sostenible que el país necesita con urgencia.
ILEGALIDAD: LA «NARCO-MINERÍA»
No obstante, el optimismo de las pizarras financieras choca con la cruda realidad de las zonas de frontera y la selva. Ortiz, en su columna para el Semáforo Minero, lanza una advertencia escalofriante: la minería ilegal del oro ha mutado en una estructura criminal que ya supera al narcotráfico en rentabilidad.
Este fenómeno, bautizado como «narco-minería», no solo depreda ecosistemas vírgenes, sino que erosiona la institucionalidad del Estado. Según estudios de la Universidad del Pacífico, si esta producción aurífera fuera formalizada, la recaudación fiscal permitiría aliviar significativamente las restricciones presupuestales actuales.
LLAMADO A LA ACCIÓN INTEGRAL
La paradoja es evidente: mientras la minería formal inyecta miles de millones para modernizar el país y ampliar la base tributaria, la ilegalidad alimenta la inseguridad y vulnera derechos humanos. La institucionalidad minera reclama una respuesta estatal que no sea solo reactiva, sino estructural.
“Un sector minero fuerte cierra el espacio a las economías criminales”, concluyó Ortiz. El reto para el 2026 no solo es alcanzar ese récord histórico de inversión, sino asegurar que el brillo del oro peruano provenga de operaciones legales que dejen riqueza en el tesoro público y no sangre en los socavones clandestinos.