Pérdidas superan el 50% del capital y sector radical de Congreso amenaza la reestructuración
Petroperú se encuentra en una situación financiera crítica: sus pérdidas acumuladas superan el 50% de su capital social, lo que activa la obligación legal de convocar a Junta General de Accionistas, según la Ley General de Sociedades. A pesar de ello, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem) aún no han abordado públicamente este punto clave, mientras el Congreso debate si tumbar o no la reciente reestructuración de la petrolera estatal.
PÉRDIDAS QUE ACTIVAN LA LEY
En julio de 2025, Petroperú ya registraba pérdidas acumuladas que representaban más del 50% de su capital social, lo que obliga a la empresa a convocar a una Junta de Accionistas para informar sobre su situación financiera.
El gerente general de la empresa, Gustavo Villa Mora, explicó ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) que el impacto real en el capital se habría producido a partir de julio de 2025, y que, a cierre de septiembre, el directorio aprobó el cumplimiento de la norma y remitió los informes a los representantes del Estado accionista. Sin embargo, en las seis sesiones de Junta celebradas desde entonces, el tema no se ha discutido.
Esta situación refleja una empresa con un equilibrio profundamente deteriorado, que acumula pérdidas operativas desde 2022, capital de trabajo negativo y una dependencia creciente del endeudamiento externo. Solo entre 2022 y 2024, la crisis de Petroperú le costó al país más de S/ 17 000 millones.
DEUDA CON PROVEEDORES
Además de las pérdidas, Petroperú arrastra una deuda con proveedores que supera los S/ 2 500 millones, según la ministra de Economía, Denisse Miralles. Esta mora afecta directamente a empresas operadoras de lotes petroleros en la costa norte, que advierten que la falta de pago pone en riesgo la continuidad de sus actividades y la cadena de pagos a millas de trabajadores y pequeñas empresas.
A esto se suma el peso de las “gollerías” laborales: a octubre de 2025, la empresa reconocía 83 tipos de bonos y beneficios adicionales, que en un solo año representaron unos S/ 276 millones, sin que el Ejecutivo haya presentado aún un plan claro para su racionalización.
REESTRUCTURACIÓN EN RIESGO
Frente a esta crisis, el Gobierno aprobó el Decreto de Urgencia 010-2025, que encarga a ProInversión la reorganización patrimonial de Petroperú, dividiendo sus activos en bloques (como la refinería de Talara y el oleoducto) y promoviendo la participación de inversionistas privados en su gestión, sin que la titularidad pase a manos privadas. El objetivo es restablecer el valor de la empresa y garantizar la continuidad de la cadena de producción.
Sin embargo, bancadas de izquierda en el Congreso buscan tumbar esta reforma. Cuatro proyectos de ley, presentados por la Bancada Socialista, el Bloque Democrático Popular y la congresista Isabel Cortez, proponen derogar el decreto de urgencia, pero no ofrecen propuestas alternativas para financiar la deuda, cubrir las pérdidas ni garantizar la operación de la refinería.
¿QUÉ SIGUE?
El Ejecutivo insiste en que la reestructuración no es una privatización, sino una reorganización necesaria para evitar la insolvencia. ProInversión ya trabaja en el plan técnico, pero el proceso avanza en medio de una batalla política que podría paralizar las medidas clave. Si el Congreso logra derogar el decreto sin presentar una alternativa viable, Petroperú podría quedar atrapada en una espiral de deudas, pérdidas y paralización, con un costo directo para el fisco, los trabajadores y la seguridad energética del país.
En sesión extraordinaria de directorio del 7 de enero de 2026, Petroperú aprobó importantes cambios en su estructura directiva.