Los delitos ambientales ya no son vistos solo como ataques a la naturaleza, sino como complejas operaciones financieras que cruzan fronteras. En un paso decisivo para desarticular estas redes, el Ministerio Público del Perú ha concretado una alianza estratégica con la Policía Federal de Brasil y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). El objetivo es claro: seguir la ruta del dinero para golpear donde más duele a las mafias transnacionales.
El acuerdo, gestado en una reunión de cooperación de alto nivel, busca potenciar las capacidades de los fiscales peruanos en la investigación con enfoque financiero. Ya no basta con detener al operador en el campo; la nueva estrategia apunta a los cerebros que lavan millones de dólares provenientes de la minería ilegal y la tala indiscriminada, utilizando el sistema bancario global para ocultar sus ganancias.
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En la cita participaron figuras clave como el fiscal superior Germán Juárez Atoche, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Lavado de Activos, y representantes de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA). Esta unión interna entre las fiscalías de lavado y medio ambiente es fundamental para abordar el delito de manera integral.
La colaboración con Brasil es táctica. Al compartir una frontera amazónica extensa, ambos países enfrentan las mismas organizaciones criminales que operan de forma ambivalente en ambos territorios. Con el respaldo técnico de la UNODC, los fiscales peruanos accederán a herramientas avanzadas para identificar transferencias sospechosas y activos ocultos en el extranjero.
La coordinadora de proyectos de UNODC Brasil, Mariana Vendrame, destacó la necesidad de articular esfuerzos con las autoridades peruanas a fin de establecer un cronograma de capacitación en investigaciones complejas sobre minería ilegal y lavado de activos vinculados con ilícitos ambientales.