Alexandra Rozas – Todo Minería
La presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Julia Torreblanca, lanzó una severa advertencia sobre el impacto del dictamen aprobado en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, al considerar que las modificaciones a la Ley General de Minería debilitan la seguridad jurídica y ponen en riesgo el desarrollo del sector.
En declaraciones recogidas por El Comercio, la representante gremial sostuvo que los cambios planteados alteran las reglas de juego que han permitido el funcionamiento del régimen de concesiones, afectando la estabilidad necesaria para atraer inversiones de largo plazo.
RIESGO PARA LA MINERÍA FORMAL
Torreblanca fue enfática al señalar que la iniciativa legislativa impactaría directamente en la minería formal. “Se está matando la minería formal en el país”, advirtió, al tiempo de remarcar que este sector constituye una de las principales fuentes de ingresos para el Perú.
Explicó que el sistema de concesiones mineras permite a las empresas acceder a recursos por periodos de hasta 30 años, lo cual es clave considerando que el desarrollo de un proyecto puede extenderse incluso por cuatro décadas. La modificación de estas condiciones generaría incertidumbre y desincentivaría nuevas inversiones.
Asimismo, alertó que el dictamen abre la posibilidad de ocupar terrenos del Estado o concesiones sin contar con título habilitante, lo que podría incentivar prácticas ilegales y generar conflictos en el uso del territorio.
EXPORTACIONES Y RECAUDACIÓN
El sector minero representa el 68% de las exportaciones del país y aporta el 23% de los impuestos empresariales, cifras que evidencian su peso en la economía nacional. Según la SNMPE, cualquier alteración al régimen de concesiones tendría un efecto inmediato en la recaudación fiscal y en el financiamiento de obras públicas.
Hospitales, colegios e infraestructura vial dependen en gran medida de los ingresos generados por la actividad minera formal, por lo que una eventual caída en la inversión afectaría directamente el desarrollo de las regiones.
Torreblanca también desmintió la existencia de “concesiones ociosas”, señalando que muchas áreas no están en operación debido a demoras en permisos, pero forman parte de proyectos en evaluación que podrían activarse en el futuro.
MAYORES COSTOS Y COMPETITIVIDAD
Otro aspecto crítico del dictamen es el incremento del derecho de vigencia en 300% y de las penalidades hasta en 400%, medidas que elevarían significativamente los costos para las empresas formales.
La presidenta de la SNMPE advirtió que el Perú ya enfrenta una creciente competencia de países como Chile, México y Canadá, que ofrecen condiciones más atractivas para la inversión minera. En ese contexto, estos cambios podrían profundizar la pérdida de competitividad del país.
Finalmente, hizo un llamado al Congreso para frenar la aprobación del dictamen y considerar las observaciones técnicas del Ministerio de Energía y Minas y el Ingemmet, entidades que también han advertido sobre los riesgos de esta propuesta.