Congreso acelera norma que podría golpear la inversión y favorecer la informalidad
El avance es silencioso, pero el impacto podría ser profundo. El dictamen que modifica el régimen de concesiones mineras —aprobado por la Comisión de Energía y Minas— se perfila para ser debatido en el Pleno del Congreso en los próximos días. Aunque las bancadas evitan pronunciarse, sus votaciones recientes anticipan una aprobación rápida, en línea con otras decisiones que han flexibilizado el marco para la minería informal.
La propuesta plantea reducir de 30 a 15 años el plazo para que una concesión entre en producción o acredite inversión, bajo amenaza de penalidades y eventual caducidad. Además, incrementa costos hasta en 300%, endurece sanciones y abre la posibilidad de revocar concesiones, debilitando su carácter de derecho estable.
IGNORA LA REALIDAD MINERA
El problema no es menor: la iniciativa parte de un diagnóstico cuestionado. Asume que las concesiones sin producción son “ociosas”, cuando en realidad responden a procesos largos y complejos. Un proyecto minero puede tardar entre 15 y 35 años en desarrollarse, considerando exploración, permisos, consulta social y construcción.
Especialistas advierten que acortar estos plazos por ley no acelera la inversión, sino que la desincentiva. La exploración, clave para descubrir nuevos yacimientos, sería una de las principales afectadas.
SEÑALES EN CLAVE ELECTORAL
El contexto también genera sospechas. En un escenario preelectoral, el Congreso parece apostar por medidas de impacto inmediato, aunque técnicamente débiles. La narrativa de recuperar concesiones “inactivas” puede resultar atractiva, pero omite los verdaderos problemas del sector: burocracia, conflictividad social y falta de gestión estatal.
Gremios empresariales han sido contundentes como la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE); COMEX, Confiep, SIN e incluso el propio Ministerio de Energía y Minas advierten que el dictamen rompe reglas de juego, eleva la incertidumbre y pone en riesgo inversiones de largo plazo. Incluso el Ministerio de Energía y Minas ha señalado que la propuesta no es viable técnicamente y podría restar competitividad al país frente a otros destinos mineros.
EL RIESGO MAYOR: MÁS INFORMALIDAD
Mientras se endurecen las condiciones para la minería formal, la informalidad sigue expandiéndose. Este segmento ya mueve más de 12 mil millones de dólares al año sin aportar al Estado.
El riesgo es evidente: al hacer más difícil operar dentro de la ley, se generan incentivos para lo contrario. La propia autoridad minera ha advertido que la norma podría aumentar conflictos y favorecer la ocupación ilegal de concesiones.
En lugar de corregir distorsiones, la reforma podría profundizarlas. Lo que está en juego no es solo una ley, sino el rumbo de un sector clave para la economía.
El debate aún no se ha dado, pero el desenlace parece encaminado. La advertencia está hecha.
