Economista Carlos Casas del CEMS considera prioritario que próximo gobierno frene economías criminales y recupere el control del sector
En el IV Seminario Regional «Estado eficiente y políticas de desarrollo regional frente a las elecciones 2026», Carlos Casas, director del CEMS, advirtió que el avance de la minería ilegal se ha convertido en una de las principales amenazas para el desarrollo del país. La exposición “Construyendo una MAPE responsable e inclusiva”, se realizó en la sala Mariano Melgar del Paraninfo agustino y reunió a especialistas, académicos y autoridades. Casas recordó que la minería formal ha tenido una participación altamente variable en la recaudación fiscal. “Hubo años en los que no generó prácticamente ingresos, pero en otros llegó a representar cerca del 25% de los recursos del Estado”. Precisó, subrayando su rol estratégico en la economía nacional.
IMPACTOS DEVASTADORES
El economista alertó que el mayor problema actual es el crecimiento sostenido de la minería ilegal, que afecta al país en tres dimensiones. Ambiental, Social y Económica. En el plano ambiental, el uso intensivo de mercurio y arsénico, junto con la deforestación, ha generado daños severos en la Amazonía. Se estima que al menos 150 mil hectáreas han sido destruidas, una extensión equivalente a todo el departamento de Tumbes.
A ello se suma la contaminación de ríos y lagunas, que ya no son aptos para consumo humano ni para actividades productivas. En el ámbito social, esta actividad está vinculada a la trata de personas, el trabajo infantil y la vulneración de derechos humanos. En lo económico, promueve la evasión tributaria, financia economías criminales y deteriora el clima de inversión mediante extorsiones y violencia. “El alza de los precios del oro y el cobre está incentivando la expansión de estas actividades ilegales, que además son altamente móviles y se desplazan rápidamente por distintas regiones del país”. Enfatizó Casas.
ACCIÓN ESTATAL URGENTE
El especialista planteó como eje central la formalización de la pequeña minería y minería artesanal (MAPE), de quienes ya operan formalmente y en proceso. Para ello, propuso una estrategia integral que incluye la creación de un ente único con liderazgo político. La aprobación de una nueva ley MAPE con incentivos claros. La eliminación del Reinfo transitorio. Destacó la necesidad de implementar sistemas de trazabilidad del mineral. Certificaciones de minería responsable. Programas de capacitación técnica, junto con el acceso a financiamiento para mejorar la productividad del sector. La hoja de ruta contempla metas concretas. En 100 días, contar con una estrategia nacional definida. En un año, promulgar una nueva ley y reducir en 50% la minería ilegal. En cinco años, erradicar hasta el 70% de esta actividad. Casas fue enfático en su mensaje final: “No hacer nada no es una opción”. Señaló que el Perú debe actuar de inmediato para generar empleo digno. Proteger el medio ambiente. Aumentar los ingresos fiscales y frenar el avance de la criminalidad.